En la segunda jornada de alegatos de la defensa, Luís Alonso Martínez, abogado del exjefe de la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional, Mauricio Collareda pidió la absolución para su defendido o, en su defecto, que se considere una pena en suspenso, al calificar de “desorbitante” el pedido de seis años de prisión que hizo la fiscalía.
El defensor argumentó que la función de control de las obras en última instancia no era del denominado Distrito 23, sino que la responsabilidad máxima era de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) o de Vialidad Nacional (DNV), dependiendo de quién era la comitente de las obras en cada caso.
El abogado afirmó que la “función específica” de Collareda era “meramente administrativa” y que la oficina a su cargo no decidía qué obras debían hacerse y cuáles no, por lo cual él no podría haber beneficiado a Austral o a alguna otra contratista con el presunto direccionamiento de los contratos.
En ese sentido, Martínez aseguró que “Collareda no tenía decisión ni control previo en la firma de los convenios de obras”; que “no participó en la redacción de los presupuestos de obras viales” y que “tampoco participaba de los cálculos para determinar los plazos de la duración de cada obra” ni de los procesos licitatorios.
Sí admitió el abogado que “es cierto que debía conocer mínimamente si esas obras se estaban ejecutando”. Pero afirmó que “de hecho eso se hacía”, lo cual, dijo, “lo certificó la propia auditoría de Javier Iguacel”, que determinó que no hubo irregularidades.
El abogado también negó que Collareda haya mandado a Miguel Salazar (un hombre al que la fiscalía buscó identificar como un delegado encubierto de Lázaro Báez en el Estado) para que representara a Vialidad Nacional, ni para que haga referencia a deudas de la DNV con el Grupo Austral en una reunión señalada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como decisiva para beneficiar al empresario patagónico.
En esa misma línea, Martínez negó rotundamente vínculos entre su defendido y Báez: “nunca trabajó en ninguna empresa de Lázaro Báez”, afirmó. Sostuvo que el propio currículum del imputado desmiente a la acusación y muestra que fue un funcionario de carrera, que no fue nombrado por conexiones políticas y que fue despedido injustamente por la gestión macrista en enero de 2016.
