“Mirá Flavia, las cosas acá son así”. Con esa frase, una secretaria de la Unidad Carcelaria de Coronda selló el silencio sobre la denuncia de una suboficial del Servicio Penitenciario (S.P.), quien dijo haber sido abusada sexualmente por dos superiores.
El hecho ocurrió en junio del 2017 en la Unidad Penitenciaria N° 1, de Coronda, pero la denuncia se radicó el pasado 24 de octubre en la Comisaría de la Mujer en la ciudad de Gálvez ya que la víctima había sufrido amenazas para que no trascendiera lo sucedido.
Semanas atrás, Flavia recibió una notificación informándole que estaba despedida. Su esposo que también es penitenciario fue trasladado a otra unidad penal.
“El hecho ocurrió en junio de 2017 e incluso ella intentó irse de su puesto de trabajo para radicar la denuncia, pero los superiores que habían cometido el delito la detuvieron bajo amenazas de atentar contra la vida de su esposo -que también es empleado del S.P.”, contó a LT10 el abogado querellante de la mujer, Martín Macedo.
Según el letrado, Flavia “se comunicó con la secretaria de la Unidad Uno (de Coronda) -que también es abogada- tratando de buscar empatía y obtuvo como respuesta textual: ‘Mirá Flavia, las cosas acá son así’, como naturalizando este tipo de delitos penales que se cometen en un establecimiento penitenciario”.
La mujer decidió no radicar en el momento la denuncia debido a “las amenazas que sufrió por atentar contra la vida de su marido, su vida y su fuente de ingresos”.
“Hasta que ya se encontró en la situación de desesperanza por haber sido víctima y ya sin su fuente de ingreso, creemos que ese fue el factor desencadenante de presentar la denuncia”, justificó el abogado.
Los delitos por los cuales la justicia ahora investiga a dos superiores del S.P. son violación con acceso carnal, amenazas coactivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
En la Legislatura
La diputada Alicia Gutiérrez, junto a las integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, recibieron a la suboficial, su abogado y la Red de Mujeres Policías de Santa con el fin de escuchar el testimonio de la denunciante y brindar su apoyo y asistencia.
Además, la legisladora presentó un proyecto por el cual la Cámara baja declara su preocupación ante estos gravísimos hechos y repudia los delitos cometidos contra la integridad sexual y múltiples tipos de violencia de género sufridos por esta trabajadora del Servicio Penitenciario Provincial. Al mismo tiempo insta al Poder Ejecutivo a que tome las medidas precautorias y disciplinarias pertinentes con los probables autores del delito, active los mecanismos de acompañamiento y protección a la víctima e intervenga en forma debida para que quede sin efecto su cesantía, restituyéndola a su cargo.
Para la diputada, que es autora del proyecto de ley de creación del Centro Integral con Perspectiva de Género, lo sucedido en Coronda muestra las graves situaciones que padecen las trabajadoras cotidianamente en el ámbito laboral: “El Estado debía protegerla y la despidió. Por eso reclamamos la conformación del Cipgen, para evitar la revictimización de la mujer. Queremos que las mujeres policías y las penitenciarias puedan denunciar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se les ofrezca asesoramiento y acompañamiento”.
La presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías consideró que estos casos de discriminación y violencia de género son cotidianos en estas instituciones y, muchas veces, las trabajadoras no los denuncian por temor a represalias por parte de sus compañeros varones o superiores.