El miércoles comenzará el juicio oral por la explosión del edificio de calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, en la que murieron 22 personas el 6 de agosto de 2013. Un total de 130 testigos desfilarán por los tribunales rosarinos para prestar declaración en la causa en la cual están acusadas once personas por el delito de estrago culposo agravado.
El tribunal está integrado por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva y las audiencias tendrán lugar en el nuevo edificio del Centro de Justicia Penal, se extenderán alrededor de un mes y medio. Serán todos los lunes, miércoles y jueves, por la mañana, y los martes, por la tarde.
Pasos
Según señala el diario La Capital, el proceso comenzará pasado mañana, a las 8, con los alegatos de la fiscalía, la querella y las defensas de los imputados. Después será el turno de los testimonios de unas 130 personas que fueron convocadas con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro que dejó 22 fallecidos y 62 heridos.
La fiscal Graciela Argüelles fue la encargada de llevar adelante la investigación desde el viejo sistema judicial penal. La pesquisa demandó unos 35 meses antes de ser elevada a juicio en 2015, a lo que después se sumó la realización de una nueva pericia que concluyó el año pasado.
Cadena de negligencias
La teoría de la fiscalía es que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que trabajaban en el edificio durante la mañana del siniestro, los administradores del consorcio y personal de la empresa Litoral Gas.
De acuerdo con esta teoría, once personas fueron procesadas por el delito de estrago culposo agravado. Carlos Osvaldo García, el gasista que manipuló el regulador de gas minutos antes de la explosión; Pablo Daniel Miño, ayudante de García; Gerardo Luis Bolaño, Guillermo Oller y Luis Curaba, todos inspectores de Litoral Gas; Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa; Viviana Beatriz Leegstra, gerenta técnica de la firma; Carlos Repuppili, Mariela Calvillo y Norma Bernarda Bauer, administradores del consorcio del edificio, y José Luis Allala, otro gasista que intervino días antes de la tragedia para reparar el gabinete de gas.
La única familia que quedó como querellante en la causa, los padres de Débora Gianángelo, tienen una hipótesis similar a la de fiscalía. Según sostiene su abogado, Luis Rossini, el siniestro es producto de la negligencia e impericia de todos los que intervinieron para resolver los desperfectos que presentaba la red de gas del edificio.
"Esencialmente, se perdieron 22 vidas en un accidente que podría haberse evitado", explica y asegura que "existe una responsabilidad directa del gasista y su ayudante, los reclamistas de Litoral Gas, los empleados jerárquicos encargados de habilitar el servicio y los encargados de la administración del consorcio", que intentará probar en el juicio.
El delito de estrago culposo agravado prevé penas de prisión de entre un mes y cinco años, que pueden ser de cumplimiento efectivo. Eso dependerá del resultado del juicio.
Las víctimas fatales fueron Teresita Babini (67 años), Federico Balseiro (30), Florencia Caterina (27), Oclides Ceresole (78), Luisina Contribunale (34), María Ester Cuesta (92), Lydia D'Avolio (86), María Emilia Elías (28), Maximiliano Fornarese (34), Débora Gianángelo (20), Santiago Laguia (25), Beatriz López (69), Carlos López (40), Estefanía Magaz (21), Adriana Mattaloni (57), Soledad Medina (31), Hugo Montefusco (56), Domingo Oliva (76), Juan Pennice (70), Roberto Perucchi (68), Ana Rizzo (65) y Maximiliano Vesco (29).