El canciller Héctor Timerman negó que el Gobierno trabe la investigación sobre el presunto lavado de dinero que involucra a la empresa de recolección de residuos Covelia y a Hugo y Facundo Moyano.
El ministro calificó de "falsas" a las versiones que indicaban que Moyano tenía "cobertura" del oficialismo para no quedar implicado en el caso, que se inició en marzo pasado cuando llegó al país un exhorto de la Justicia suiza para que se envíe información por la situación judicial del titular de la CGT y su hijo.
En las últimas horas se acusó a la Cancillería de retacear la información al juez Norberto Oyarbide, quien recibió el perdido suizo, inició averiguaciones y respondió. En concreto, se señaló que Timerman no informó a Oyarbide que el escrito que había despachado rumbo a Europa había rebotado por errores de redacción y presentación. Sin embargo, el funcionario afirmó que el magistrado siempre estuvo al tanto y que "la Cancillería le avisó al juez".
"¿Ustedes saben cuántos exhortos rechaza Suiza sin que nadie hable mal de nadie?. Unos 40 exhortos argentinos por año", se respondió y continuó, con tono irónico, con una crítica a los hombres de ley. "Suiza ofreció dictar un curso para los fiscales y los jueces para saber cómo se hacen los exhortos, porque los jueces y fiscales argentinos los hacían mal", lanzó para desligarse del rebote del paper de Oyarbide.
Además, Timerman recalcó que "la Cancillería es la autoridad central que decide, igual que los suizos y cualquier otro Estado" si "una presentación de otro país está bien hecha o no".
La investigación comenzó en el Viejo continente con una sospecha de los fiscales helvéticos por el depósito de 1.870.000 dólares en un banco suizo a nombre de Ricardo Rubén Depresbíteris y Marcela Elvira Mete, propietarios de la empresa Covelia. Esos funcionarios judiciales suponen que se trata de dinero de origen sospechoso. Por este motivo, enviaron a la Argentina un pedido de informes sobre todas las personas que se vinculaban a esa firma, y Moyano era uno de esas.
Pero cuando el exhorto llegó al país, Oyarbide aceptó la sugerencia del fiscal Jorge Di Lello de pedirles a las autoridades suizas precisiones para ajustar el texto del exhorto a los requisitos fijados en las normas internacionales. Entre otras cosas, falta de tipificación de los delitos que presuntamente se le endilgan a Moyano, a su hijo mayor, Pablo, y a la mujer del jefe de la CGT, Liliana Zulet.
Lo que ahora rebotó en Suiza, y quedó en Cancillería, fue la respuesta que envió Oyarbide con el pedido de precisiones. En las próximas horas, se estima que el magistrado ajuste su escrito para de una vez por todas cumplir más adelante con la requisitoria de información judicial sobre los Moyano.
El abogado penalista del cacique sindical y exjuez Daniel Llermanos, expuso la sospecha de que el documento preparado por fiscales europeos fue presuntamente montado por un letrado vinculado al grupo Clarín junto con la exembajadora de Suiza en la Argentina Carla del Ponte, para perjudicar al camionero.
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