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Con la renuncia del ministro de Transporte de Brasil, Alfredo Nascimiento, ya son dos los funcionarios del primer escalón del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que pierden sus cargos por denuncias de corrupción desde que asumió la presidencia en enero pasado.

En junio pasado, el entonces jefe del Gabinete Civil, Antonio Palocci, debió abandonar el cargo ante la revelación de que su patrimonio aumentó 20 veces en los últimos cuatro años, y la sospecha de que ese incremento ocurrió de forma ilícita.

En esta oportunidad, el ahora ex ministro de Transporte presentó su renuncia "irrevocable" a raíz de una serie de graves denuncias que involucran a sus correligionarios en el Partido de la República (PR), a directores de sectores clave de esa cartera y a familiares suyos.

En una carta de renuncia enviada a Rousseff, Nascimento afirma que su resolución obedece a la voluntad de "colaborar espontáneamente con la aclaración cabal de las sospechas que rondan la actuación del Ministerio de Transportes".

El ex ministro informa además que solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue las denuncias, y que autorizó el quiebre de su secreto bancario y fiscal.

"El senador está a disposición de la PGR para colaborar en lo que sea necesario para aclarar los hechos", afirma Nascimento, quien adelantó que reasumirá su escaño en el Senado Federal para participar "activa y personalmente", junto a sus colegas en el Congreso, "de todos los procedimientos de investigación" que lleve adelante el Parlamento.

Las denuncias arrancaron el fin de semana, cuando la revista "Veja" denunció la sobrefacturación de obras y servicios y el cobro de sobornos por parte de altos funcionarios de esa cartera, lo que derivó en la sustitución de dos directores y dos asesores.

Mientras la revista "Istoé" divulgaba evidencias de que el principal dirigente del PR, el diputado Valdemar Costa Neto, pagó con dinero público a legisladores para que se sumaran a su partido, el diario "O Globo" reveló el espectacular e ilícito incremento del capital de una empresa propiedad del hijo de Nascimento.

Según el rotativo, el capital social de la empresa Forma Construcciones, de Gustavo Morais Pereira, aumentó de 60.000 reales (38.460 dólares) a 50 millones de reales (32 millones de dólares) en cinco años. Además, existen indicios de que el lucro millonario responde a privilegios en sus relaciones con el ministerio que comandaba su padre.

A raíz de las denuncias, Rousseff ordenó la suspensión de todas las licitaciones de proyectos, obras y servicios del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DINIT) y de la operadora Ingeniería, Construcciones y Ferrovías S.A. (Valec), por un plazo de 30 días, estatales cuyos directores fueron destituidos tras las denuncias.

Rousseff le pidió además al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ordene a la Policía Federal investigar las denuncias.

Ante la salida de Nascimento, Rousseff confirmó al PR que el partido mantendrá el comando del Ministerio de Transportes, pero pidió "paciencia" para poder "reflexionar" antes de decidir quién será el nominado.

El líder del PR en el Senado, Magno Malta, dijo a su turno que su partido continuará siendo un "firme aliado" de Rousseff en el Congreso y que no existe posibilidad de ruptura con el gobierno a raíz de las denuncias y posterior salida de Nascimento.

También reiteró su "apoyo irrestricto" al ex secretario de Estado, quien niega todas las acusaciones.

Entre los nombres que suenan como posibles sustitutos de Nascimento están el del senador Blairo Maggi, ex gobernador de Mato Grosso y "hombre fuerte" dentro del PR, y el de Paulo Sergio Passos, actual secretario ejecutivo del Ministerio de Transporte. Según analistas políticos, este último sería el preferido por la presidenta Rousseff.