Dos tablets; un Ipod; un teléfono celular; una notebook; tres cámaras fotográficas; tres lentes de fotografía; una mochila; dos MP3 y cinco libros fueron donados ayer a la Asociación de Federaciones Vecinales de Rafaela y a la Policía de Investigaciones.
Los objetos habían sido secuestrados en el marco de una investigación que encabezó el fiscal Martín Castellano –a cargo de la sección Criminalística Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5– por estafas en la que está imputado un hombre de 22 años oriundo de la provincia de Buenos Aires.
Plataforma virtual
La investigación de Castellano comenzó a partir de una denuncia realizada en junio de 2017 por un hombre de 43 años. Según consta en lo denunciado, entre los meses de mayo y junio del año pasado, el imputado utilizó dos tarjetas de crédito de la víctima para realizar compras a través de una plataforma online, las cuales fueron desconocidas ante las entidades bancarias, que reconocieron los desconocimientos.
A partir de allí comenzó una investigación que implicó oficios a la plataforma virtual para que informe el nombre de usuario que registró las compras y desde qué IP se habían hecho. Se pudo comprobar que la persona sindicada era oriunda de la provincia de Buenos Aires, por lo cual se solicitó colaboración a la comisaría Quinta del partido de Tres de Febrero. Luego se procedió a la detención de un hombre de 22 años y se allanó su vivienda, en la que se secuestraron los bienes que habían sido adquiridos de manera fraudulenta.
El hombre investigado fue imputado el 21 de diciembre del año pasado. Al día siguiente se realizó la audiencia de medidas cautelares en la que el fiscal Castellano solicitó la prisión preventiva, pero el juez Alejandro Mognaschi resolvió la aplicación de medidas alternativas.
Criterio de oportunidad
En relación al criterio de oportunidad resuelto por el fiscal Castellano, tanto la defensa del imputado como la víctima no manifestaron oposición. El hombre al que le usaron las tarjetas de crédito, no resultó perjudicado económicamente, y el imputado entregó los bienes secuestrado.
La aplicación de este criterio de oportunidad fue viable porque se probó la autoría del imputado, se logró la conciliación entre los interesados (el imputado reparó los daños y perjuicios causados a través de la entrega de los bienes) y ya que se trató de un ilícito con contenido patrimonial sin violencia física o intimidación sobre las personas.