El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró hoy que un peritaje judicial ordenado por el juez Norberto Oyarbide determinó que no existieron sobreprecios en las obras de ampliación de gasoductos realizadas en los años 2004 y 2005.
De Vido brindó una conferencia de prensa para referirse a esa denuncia, conocida como el caso Skanska, que involucraba a funcionarios del Gobierno.
El ministro de Planificación sostuvo que "el caso Skanska se trata de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados", por lo que deslindó responsabilidades respecto de funcionarios públicos.
Oyarbide regresó ayer de una licencia de dos semanas y se abocará en la feria judicial a analizar la pericia, antes de decidir situaciones procesales pendientes y el curso futuro de la causa, precisaron las fuentes.
En la causa, en diciembre pasado, Oyarbide procesó a dos ex funcionarios, el ex titular del Enargas, Fulvio Madaro y el de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa al tiempo que indagó al secretario de Energía Daniel Cameron.
La pericia fue encargada hace casi dos años y ahora, según su texto, se determinó que los precios pagados para ampliar gasoductos tuvieron una diferencia originada en la "inflación, aumento de mano de obra y de recursos" usados.
Además, se remarcó que la ampliación de los gasoductos Norte y Sur se hizo en menos tiempo del acordado inicialmente, algo que podría haber derivado en un aumento de costos.
Los peritos del máximo tribunal del país calificaron de "razonables" los valores erogados por el Estado para las obras, tras compararlos con los valores de mercado.
Las diferencias encontradas entre lo previsto en la licitación y lo pagado fueron atribuidas a "errores de cálculo".
La pericia fue firmada por los peritos contables de la Corte Fernanda Bergara y Oscar Fernández, además de dos ingenieros de la UBA.
El economista Rubén Lo Vuolo advierte que el crecimiento económico ilimitado es inviable en un planeta de recursos finitos y cuestiona la capacidad del mercado para liderar una transición ecológica voluntaria sin intervención estatal.