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Representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos se reunieron esta semana en Rosario con autoridades de la Corte Suprema y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que impulsa –junto al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)– un programa piloto de Oficina de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva.



Los especialistas permanecerán además en la ciudad hasta el viernes para dictar talleres a los fiscales regionales de la provincia, quienes fueron designados en abril pasado tras ganar un concurso de oposición y antecedentes, en torno a la puesta en marcha del Ministerio Público de la Acusación.



Virna Santos, directora regional para América Latina y el Caribe de la Oficina para el desarrollo, asistencia y entrenamiento a Ministerios Públicos extranjeros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y Víctor Hugo Hurtado, fiscal del Ministerio Público Fiscal de Colombia y entrenador de fiscales de la mencionada Oficina, son los encargados de brindar la capacitación y el entrenamiento sobre el pasaje de un sistema inquisitivo a uno acusatorio a los funcionarios locales.



El martes pasado fueron recibidos en la delegación del gobierno provincial por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el fiscal general del Ministerio Público santafesino, Julio de Olazábal. En la reunión se analizó el estado actual de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, cuya puesta en marcha es progresiva e implica el pasaje de un sistema de naturaleza inquisitiva a otro acusatorio, que se basa en audiencias orales y públicas.



Más tarde se desarrolló otro encuentro en los tribunales provinciales, del que participaron además del ministro Superti, los integrantes de la Corte Suprema Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi, el defensor provincial Gabriel Ganon –titular del nuevo Servicio Provincial de Defensa Penal–, miembros de la Cámara Penal de Rosario e integrantes del Inecip y funcionarios de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.



“Se analizó la organización de una oficina piloto que preste servicios al Poder Judicial para sustituir en los casos que corresponda la prisión preventiva por medidas alternativas (por ejemplo prisión domiciliaria, aplicación de reglas de conducta, etcétera)”, explicó Superti.



“Esa oficina, que funcionaría en la órbita de la Cámara Penal de Rosario, recabará y confirmará información para que las partes discutan ante el tribunal la posibilidad o no de esa alternativa y éste resuelva su eventual aplicación”, agregó el ministro. Si la medida se aplica, la oficina también se encargará de controlar su cumplimiento.