El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, brindó una conferencia de prensa para explicar la necesidad de la creación de cargos para las flamantes instituciones de la justicia penal, en el marco de la transformación histórica que está experimentando la provincia en la materia.
En diálogo con la prensa, Héctor Superti, ministro de Justicia de la provincia, expresó que “hoy tenemos presupuesto y estamos defendiendo los cargos. Esperamos que aquellos que siempre pedían los cargos y el presupuesto nos acompañen para que esto sea realidad cuanto antes y podamos cumplir con lso tiempos que la propia legislatura nos exige para que el nuevo Código Procesal Penal comience a regir plenamente”.
Además, Héctor Superti agregó que “vamos a tener que hacer uso de la prórroga por todo lo que está sucediendo. La ley dice claramente que el Código va a comenzar a regir plenamente cuando el Poder Ejecutivo entienda que están dadas las condiciones. Todos tenemos que trabajar para que las condiciones estén dadas cuanto antes”.
Los organismos del modelo acusatorio son el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa Penal y los nuevos tribunales penales, que se ponen en marcha por primera vez en la provincia. En ese sentido, el Poder Ejecutivo llamó a concurso y designó a las máximas autoridades de la Fiscalía y la Defensa, es decir el fiscal general y el defensor provincial y los fiscales y defensores regionales, a excepción de los correspondientes a la circunscripción judicial con sede en Venado Tuerto, donde se están realizando los concursos nuevamente porque los anteriores quedaron vacantes, recordaron desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
“Como un segundo capítulo, en este momento se están llevando a cabo los concursos de los 220 fiscales y defensores y sus adjuntos, quienes conformarán la estructura básica a lo largo y ancho de la provincia y se desempeñarán en las sedes, que, de acuerdo a la normativa vigente, han designado las autoridades de cada organismo”, agregaron las autoridades.
Lo que falta, para terminar, es designar a los funcionarios y empleados de soporte, es decir el tercer estamento. “Esos cargos, debidamente estudiados, con participación en su momento del sindicato de trabajadores judiciales, se consignaron en el presupuesto 2011 pero la Legislatura luego aprobó las partidas y no los cargos, solicitando que éstos se requirieran por leyes especiales”, advirtieron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, órgano de implementación del nuevo sistema.
Así fue que se enviaron varios mensajes a la Legislatura, con un detalle de los cargos necesarios para las nuevas instituciones, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Aunque todo estuvo debidamente fundamentado y explicado, y a pesar de que el mensaje referido a los puestos de la reforma procesal contaba con tratamiento favorable por parte de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y Legislación General, en la última sesión no hubo quórum y algunos legisladores de la oposición plantearon falta de información”, sostuvieron las autoridades encargadas de implementar la reforma procesal penal.
La actividad apuntó a “detallar en qué consisten los cargos y su real necesidad, en cumplimiento del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno”. Fueron invitados a participar de la conferencia integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y sus regionales, el defensor provincial y sus regionales, el sindicato de trabajadores judiciales, los cinco colegios de abogados y la comisión bicameral de seguimiento.
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