El aumento a los jubilados asociado a que el proyecto que ayer comenzó a tratarse en Diputados se convierta en ley se volcará a consumo. Sin embargo, 2016 ya estaría jugado por el mal semestre que está concluyendo. Así lo ven las principales consultoras privadas y hasta el propio ministro de Hacienda y Finanzas, quien lo admitió desde España. "No creemos que vaya a ser un factor de expansión del consumo muy importante este año, pero sí a partir del año que viene", dijo Prat Gay el martes pasado sobre el proyecto de Reparación Histórica para los Jubilados.
Comenzó a debatirse ayer, en un plenario de comisiones de Diputados, el proyecto ómnibus que establece el pago de deudas a quienes iniciaron juicios previsionales, un aumento de los haberes pasivos, la creación de una pensión universal y un blanqueo de capitales. Suponiendo que el oficialismo lograra una aprobación rápida del proyecto, ¿qué variables del escenario económico de 2016 se verán modificadas? ¿Igualmente caerá el consumo privado este año?
Para saber qué esperar para lo que resta del año tras el paquete de medidas, 3Días contactó a un grupo de economistas. El proyecto, junto con el de fomento a las Pymes, puede ser visto como "un cambio en la mirada del Gobierno al ver el costo político económico y social que causó la fuerte devaluación y el incremento tarifario", sostiene Alejandro Banzas, economista jefe de Reporte Económico. "Si la jugada le resulta exitosa en términos de su costo fiscal y del comienzo de algunas inversiones en otros sectores, podría esperarse un 2017 de moderado crecimiento", anticipa.
Programa e impacto fiscal
Si el programa se aprueba pronto, la porción que se pagaría en 2016 implicaría un aumento del gasto público que podría equivaler a un punto porcentual del PBI para este año, según varias estimaciones privadas.
"Hay que diferenciar entre la deuda a afrontar (el stock) y el incremento en los flujos anuales", enfatiza Rodrigo Álvarez, director de Analytica. Según la consultora, en base a datos de ANSES, la deuda con los 300.000 jubilados que iniciaron juicio asciende a $ 100.000 millones (1,5% del PBI), mientras que la actualización de haberes para 2,5 millones de jubilados sumada a la pensión universal a la vejez implica un flujo de $ 120.000 millones. Esto implica un costo total de $220.000 millones (3,5% del PBI). "El impacto sobre las finanzas públicas dependerá de la velocidad de la ANSES y de la aprobación del Congreso", advierte Álvarez, quien prevé que en el segundo semestre el Gobierno cancele $ 55.000 millones de la deuda (dado que el 50% lo pagaría en efectivo y el resto lo haría en 12 cuotas trimestrales) y otros $ 50.000 millones por la actualización de los haberes. "A la primera variable que impacta el proyecto es al resultado fiscal de la Nación debido al mayor desequilibrio que mostrará la ANSES", afirma Álvarez. Este organismo ya viene con un rojo (en 2015 cerró con un déficit primario de $ 50.000 millones), se acelerará el ritmo de los gastos en jubilaciones y sus ingresos resultarán afectados por la quita de 15% de coparticipación que recibía.
"Para determinar el costo fiscal debemos tener un panorama más claro en cuanto a lo exitoso que puede resultar el blanqueo de capitales, dado que ello amortiguaría el alza del déficit fiscal. Si el blanqueo no resulta exitoso (recaudar al menos u$s 5.000 millones), el déficit fiscal seguirá subiendo", resalta Álvarez. Para el IERAL, el proyecto tendría un costo fiscal de unos $ 24.000 millones en 2016. Para poner este número en contexto, el monto presupuestado para prestaciones de seguridad social en 2016 es de $ 622.448 millones, por lo que la medida implicaría un aumento del gasto en jubilaciones de cerca de 4%, el equivalente a 0,4% del PBI. "El Gobierno tiene una meta de déficit primario de 4,8% del PBI en 2016, con lo cual, si el nuevo gasto no hubiese estado previsto, lo elevaría a 5,2% del PBI. Aunque el mayor gasto podría ser compensado por ingresos del blanqueo, que tampoco estaba previsto", sostiene Marcelo Capello, presidente de Ieral. En tanto, Reporte Económico prevé que el monto anual involucrado sea de unos u$s 5.000 millones, equivalentes al 1% del PBI, de los cuales la mitad será en efectivo y el resto en cuotas en tres años. "Si bien no aparecería como un monto exagerado, no es menos importante en un contexto de una economía en recesión, alta inflación y suba fuerte de tarifas", considera Banzas, para quien la alta sensibilidad del segmento de los jubilados en un contexto de caída sustantiva de los haberes jubilatorios en términos reales jugará en favor del proyecto del Gobierno, debilitando los cuestionamientos de la oposición. "Hay que ser muy prolijo y se deben tener muy claras las cuentas al momento de aprobar la ley", enfatiza Banzas, quien sugiere que "no se considere tan alegremente la venta de acciones privadas, ya que es parte del menú de opciones de portafolio del que dispone el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que aporta al financiamiento empresario". El economista también considera que el resultado del blanqueo debería poderse monitorear públicamente para darle transparencia a la iniciativa y que, de no contar con los fondos suficientes para hacer frente al pago de las sentencias firmes (el stock), se podría usar un bono en pesos a cinco años a una tasa de plazo fijo con el cual se puedan pagar impuestos para que sea más atractivo a la hora de la venta. Sin embargo, "lo preocupante es el flujo que deberá afrontar la ANSES al momento de incrementar los haberes jubilatorios", advierte.