A partir de hoy, 1.113 jubilados que habían iniciado juicio contra el Estado podrán cobrar en efectivo las sentencias favorables que obtuvieron de la Justicia, según informó ayer la ANSeS en un comunicado.
En promedio, a cada jubilado le corresponden $ 126.000 por lo acumulado desde que iniciaron el juicio (la llamada retroactividad). Además, sus haberes deberán ser reajustados de acuerdo a lo que resolvieron los jueces.
Con esto, el organismo que encabeza Diego Bossio habrá cancelado en agosto 1.946 sentencias por un total de $ 256 millones, lo que da un promedio de $ 131.000 por beneficiario. Así, en lo que va del año suman unos 8.200 los juicios pagados. Además, en otros casos, de la liquidación de la sentencia surgió que no corresponde el pago de ninguna retroactividad o solamente habrá un reajuste o incremento de los haberes.
El organismo previsional adelantó que a comienzos de septiembre “pondrá al pago los retroactivos que arrojen las aproximadamente 900 sentencias liquidadas hasta el 13 de agosto y que se encuentran actualmente en proceso de control y verificación”.
A partir de julio, y después de reorganizar el sector, la ANSeS comenzó a liquidar las sentencias firmes a favor de los jubilados dos veces por mes , priorizando los jubilados de más edad y menores haberes.
No obstante, el stock de juicios sigue aumentando porque hasta julio ingresaron en los Tribunales 47.308 nuevas demandas de jubilados. Y los jueces de primera instancia dictaron 18.481 fallos, de los cuales más del 80% corresponde a reclamos por reajuste de haberes.
Al mismo tiempo, la ANSeS apeló un mayor número de sentencias con lo que esos fallos no quedaron firmes para ser pagados a sus beneficiarios y pasaron a las distintas Salas de la Cámara de la Seguridad Social.
Se estima que en total hay 465.000 juicios de jubilados contra la ANSeS en distintas instancias del Fuero de la Seguridad Social.
La mayoría de las demandas son para reclamar los mismos ajustes que resolvieron los jueces de la Corte Suprema en dos casos emblemáticos: Eliff (ajuste del haber inicial según el índice salarial) y Badaro (actualización de la jubilación por la evolución de los salarios).
En tanto, la Defensoría del Pueblo presentó un recurso para extender a todos los jubilados los fallos de la Corte y evitar así que cada jubilado tenga que iniciar una acción individual. Días pasados, en su descargo ante la Corte, la ANSeS sostuvo que no está en condiciones de hacer frente al reclamo de la Defensoría porque la extensión del caso Badaro y Eliff, que engloba al grueso de los jubilados, representaría el pago de retroactividades por $ 71.000 millones, más el reajuste de haberes por unos $ 47.000 millones anuales.
En el Presupuesto de este año la ANSeS prevé destinar apenas $ 2.400 millones al pago de juicios, lo que equivaldría, según lo que se está pagando, a saldar cerca de 20.000 sentencias.
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