El juez federal Daniel Rafecas entendió que los empresarios Alejandro Burzaco y Hugo y Alejo Jinkis, no cometieron lavado de dinero tal como lo había denunciado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El caso había sido impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien imputó a los empresarios por lavado de dinero y defraudación a la administración pública.
La base de la denuncia señalaba que los empresarios habían obtenido –tal como fue denunciado en los Estados Unidos– derechos televisivos mediante el pago de coimas a autoridades de la FIFA y la Conmebol. Y que luego los habían comercializado de manera ilícita en la Argentina.
Los empresarios acusados en los Estados Unidos le vendieron al Estado nacional los derechos televisivos, por ejemplo, del Mundial Brasil 2014.
Luego del impulso de Pollicita, quien había pedido embargos y congelamiento de cuentas de Burzaco y los Jinkis, Rafecas tomó varias decisiones.
No hizo lugar a los pedidos de medidas cautelares hechos por el fiscal y además le delegó la causa acotando el margen de investigación: describió el hecho como una defraudación a la administración pública y señaló que no hubo lavado de dinero.
Pollicita planteó la nulidad de la delegación de la investigación con el objeto delimitado, y recusó a Rafecas por pérdida de imparcialidad en este expediente. También apeló la denegatoria del juez a que se realicen los embargos y el congelamiento de bienes. Ahora Rafecas debe decidir si acepta la recusación.
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