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El Defensor General de la Provincia de Santa Fe, Dr. Gabriel Ganón, realizó hoy una presentación ante la Corte Suprema provincial, poniendo en conocimiento de la situación de vulneración que sufren los ciudadanos santafesinos que se ven involucrados en procesos de desalojo como consecuencia de solicitudes por parte del Ministerio Público de la Acusación, de cese provisorio de estado antijurídico. Asimismo, pide que el supremo órgano de la justicia provincial disponga la fijación de estándares de actuación para este tipo de procedimientos.

Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de procesamiento penal en toda la Provincia de Santa Fe, hasta la fecha, se llevaron a cabo una decena de desalojos forzosos como cese provisorio del estado antijurídico -Art. 207 del CPP- del delito de usurpación en los cuales no siempre ha sido respetado el derecho de defensa material, al recurso y a una vivienda adecuada.

Estos derechos, son garantías de raigambre constitucional e internacional, por lo que dicha situación requiere indispensablemente una resolución uniforme de fijación de estándares de actuación para los procesos de desalojos originados por solicitudes de cese provisorio de estado antijurídico, aplicable a todo el territorio provincial.

Teniendo como parámetro la resolución 30/2014 de esta Defensa Pública, los integrantes de las cinco Defensorías Regionales han desplegado acciones concretas protectoras de tales derechos, como por ejemplo, denunciar la actividad de los Fiscales del MPA cuando dispusieran el desalojo forzoso sin la intervención de un Juez Penal; no acudir a la audiencia y solicitar la suspensión cuando no estuviera garantizada la presencia física o notificación fehaciente de las personas involucradas; postular recursos de apelación ante el Juez de Segunda Instancia; plantear recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

A su vez, dicha norma dispone la petición ante las autoridades correspondientes para que intervengan la Defensoría Civil y/o Asesor de Menores o funcionarios del Sistema Provincial de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El resultado de tales acciones ha sido parcialmente auspicioso en tanto han podido obtenerse resoluciones favorables y otras adversas, existiendo gran disparidad de criterio entre los jueces de primera instancia y también entre los magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal.