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 La noticia sorprendió a todos. Para el juez que lleva adelante la megacausa La Perla fue "un episodio novedoso y de muchísima significación". Se trató realmente de un quiebre histórico. Por primera vez, un represor –el ex mayor del Ejército Ernesto Barreiro– ofreció a la Justicia indicar la ubicación de restos de desaparecidos durante los años de plomo. La propia Cristina Kirchner destacó la revelación al encabezar un acto en Morón.

La "confesión" de Barreiro se produjo ¿casualmente? en el 31° aniversario del retorno de la democracia y el Día de los Derechos Humanos.

El único antecedente de características similares fue el testimonio del ex marino Adolfo Scilingo, quien en 1995 reconoció la existencia de los "vuelos de la muerte", perpetrados por miembros de la Marina. Estos arrojaban a sus víctimas desde aviones al fondo del mar. Muchos de ellos habían pasado por el campo de concentración montado en la Escuela de Mecánica de la Armada.

La diferencia es que la supuesta información con la que cuenta Barreiro permitiría ponerles nombre y apellido a los muertos. Barreiro, conocido como "Nabo" o "Gringo", fue uno de los represores de "La Perla", en jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército, comandado por el general Luciano Benjamín Menéndez. Barreiro también es recordado por ser uno de los líderes del primer alzamiento "carapintada", en Semana Santa de 1987. En esa oportunidad, el ex mayor se acuarteló en el Tercer Cuerpo de Ejército para evitar declarar ante la Justicia, lo que desencadenó el conflicto.

El juez Jaime Díaz Gravier, presidente del Tribunal Oral Federal N° 1, que juzga a Barreiro y otros represores, dijo que los lugares señalados por el procesado fueron tres. Dos dentro del predio de "La Perla", un horno donde ya se encontraron huesos humanos con anterioridad y otro conocido como la cantera "La Ochoa". Y el tercero sería en la localidad de Villa Ciudad de América. En esta última, explicó el magistrado, "no funcionó un centro clandestino".

Los nombres dados por Barreiro, que pidió hacerlo sin presencia de público ni de la prensa y a solas con los integrantes del tribunal, fueron 25. En una entrevista a radio Continental, Díaz Gravier explicó que "20 o 21 de estos nombres serían de personas desaparecidas y ejecutadas antes del 24 de marzo de 1976". El dato pasó desapercibido para muchos. La revelación de Barreiro implicaría crímenes cometidos durante el gobierno peronista de Isabel y cuando "La Perla" todavía no había empezado a funcionar como el centro de terror cordobés que le daría triste fama. Díaz Gravier aclaró que en el proceso que encabeza "también se juzgan hechos anteriores" a la dictadura.


Conocida la "confesión" de Barreiro, que por ahora no arrojó resultados positivos, al menos en las primeras inspecciones visuales llevadas a cabo en los lugares que señaló, la prensa de España se pregunta qué puede pasar con Isabel. La tercera esposa de Juan Domingo Perón, que se mantiene en silencio desde hace varios años en territorio ibérico, ocupaba la Casa Rosada al momento de cometerse los delitos que el represor "arrepentido" dice conocer.

En los últimos años hubo varios intentos de jueces argentinos de poner a María Estela Martínez frente a tribunales para dar cuenta de los delitos cometidos por la Triple A o por el Operativo Independencia. Todos fallaron. El que más cerca estuvo fue el juez de Mendoza Héctor Acosta, que logró que la viuda de Perón fuera detenida unas horas en Madrid, hasta que la Justicia española la liberó.

En abril de este año, dos fiscales que dependen de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó solicitaron que Isabel sea indagada por delitos de lesa humanidad por el Operativo Independencia. El pedido chocó contra los jueces de la causa. Para estos, lo ocurrido en Tucumán en 1975 fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno peronista.

Listas de desaparecidos

Otro interrogante que abre la "confesión" de Barreiro es la supuesta existencia de listas más amplias de desaparecidos. Se trata de un reclamo histórico de organismos de derechos humanos. Barreiro dio 25 nombres. El juez Jaime Díaz Gravier explicó que el "Gringo" "tenía un registro, una lista escrita que leyó al tribunal y luego dejó copia". ¿Existen nóminas más completas?

El propio Barreiro, que dicho sea de paso negó haber participado de los asesinatos de estos 25 desaparecidos cuyo destino final dice conocer, habló con una radio cordobesa sobre el tema. Barreiro sostuvo en esa entrevista que el general Cristino Nicolaides, integrante de la cuarta y última junta militar del Proceso, "destruyó los archivos" sobre los desaparecidos "a principios de 1983".

"Lo maldigo por eso", dijo Barreiro sobre Nicolaides, que murió en prisión el 22 de enero de 2011. ¿Alguien más sabe algo? El juez Díaz Gravier se mostró optimista. Cree que la actitud de Barreiro puede empujar a otros represores a hablar. "Esto puede precipitar en otros imputados conductas similares", dijo. ¿Se romperá el "pacto de silencio" militar?