La diputada provincial Verónica Benas (PARES) presentó un proyecto de ley para la creación de un Fondo de Garantía Pública para locaciones urbanas. La iniciativa busca auxiliar a las familias que deben alquilar su vivienda pero no alcanzan los requisitos del mercado inmobiliario y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. “Se trata de una intervención del Estado necesaria para resolver situaciones puntuales que afectan a miles de familias santafesinas”, sostuvo la autora del proyecto.
El Fondo de Garantía para locaciones urbanas que se propone crear, tiene el propósito de facilitar el acceso a la vivienda de alquiler, a todas aquellas familias que encuentren dificultades para cumplir con la garantía que, usualmente, requieren los locadores.
Para ello, el órgano de aplicación emitirá a pedido del locatario un Certificado de Garantía que tendrá la virtualidad de cubrir, únicamente, el valor de hasta dos meses el alquiler pactado por las partes en caso de incumplimiento, y el monto de la indemnización por resolución anticipada del contrato cuando el locatario no la haya abonado.
También se establece que el locador tendrá la facultad de aceptar o rechazar el Certificado de Garantía ofrecido por el locatario. Si es aceptado, el Certificado será anexado al contrato de locación.
El proyecto establece, además, que el Fondo de Garantía estará al servicio de personas o familias que aspiren a alquilar una vivienda y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El inmueble tendrá como destino vivienda común asentada en territorio provincial.
Según explicó Verónica Benas “la posibilidad de recurrir a un Certificado de Garantía Pública tendrá alcances bien precisos con el único propósito de favorecer la celebración de un contrato de alquiler, fijando límites y requisitos que evitan agregar demandas contra el Estado”.
Al respecto, la iniciativa habilita el recupero de los fondos públicos que se destinen para afrontar las situaciones de incumplimiento contractual o rescisión anticipada del mismo, y establece una sanción expresa para el inquilino beneficiario que no reintegre al Fondo de Garantía los conceptos cubiertos por éste.
Frente a estas circunstancias, el proyecto propone que ha solicitud de una o ambas partes, se podrá habilitar una instancia de conciliación voluntaria, a fin de buscar alternativas de solución extrajudicial a los conflictos derivados de falta de pago en los contratos de alquiler.
“La situación de los inquilinos es claramente desventajosa en el mercado inmobiliario y esto viene generando prácticas sobre los que tienen la necesidad de alquilar por carecer de una vivienda propia. Si a esto le sumamos las dificultades para cumplir con las exigencias de los propietarios o intermediarios, el cuadro es mucho más grave, y por eso proponemos esta necesaria intervención del Estado para resolver situaciones puntuales que afectan a miles de familias santafesinas”, sostuvo la diputada Benas.
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