Pasadas las 10:50, la Cámara de Diputados empezó la sesión especial para eximir de impuestos al biodiesel, aprobar el traspaso de la ex ESMA de la Ciudad a la Nación y cambiar el nombre de las centrales Atucha I y Atucha II por Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner respectivamente.
La oposición denunció que en realidad el debate tenía como objetivo bloquear la sesión especial que a su vez ellos habían convocado para las 11:30 para presionar por una reforma del Impuesto a las Ganancias. "Pusieron toda la imaginación convocando a la misma hora a otra sesión especial para considerar temas de sesiones ordinarias, como la ley de Biodiesel, entre otros temas", señaló el jefe de la bancada radical, Mario Negri, a la revista Parlamentario.
Tras varias horas de debate, el kirchnerismo consiguió un amplio consenso para dar media sanción a la iniciativa que exime temporalmente al biodiesel del pago de impuestos, y cuyo propósito es apuntalar su producción frente a restricciones impuestas a las exportaciones por parte de la Unión Europea.
El proyecto -que exonera de la alícuota del 22% del biodiesel que se utiliza para la generación eléctrica y del 19 % de la tasa del combustible hasta el 31 de diciembre de 2015- fue votado en general afirmativamente con 217 votos contra 4 votos negativos; se registraron ocho abstenciones.
La oposición votó en particular en contra de una modificación del artículo segundo que propuso el oficialismo, el cual igual tuvo mayoría de votos para establecer que la facultad impositiva del Poder Ejecutivo regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti (FPV), aseguró que la ley apunta a "consolidar una matriz energética que tienda a reducir el uso de divisas para el abastecimiento energético". Forma parte de una "política de mejorar la ecuación de divisas de la energía y apunta a consolidar una industria de transformación de manufactura de origen agropecuario, a industrializar la ruralidad", añadió.
Pasadas las 17, la Cámara baja pasó a debatir el proyecto que ratifica el acuerdo entre la Nación y el gobierno porteño para traspasar el derecho de usufructo por 30 años de los edificios que integran el pedio de la ex Esma y sobre otros cuatro ex centros clandestinos de detención.
La polémica medida generó críticas de organismos de derechos humanos la semana pasada cuando fue abordado en la Legislatura porteña.
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