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 El proceso de expropiación del 51% de las acciones de YPF está llegando a su fin y los argentinos terminaremos pagando un sobreprecio a Repsol, luego de haberse violado formas y procedimientos desde que se tomó la decisión de expropiar.
El precio de U$S 5.000 M, que fruto de la financiaición superará finalmente los U$S 10.000 M, podría ser bastante menor de haberse negociado la operación de manera inteligente, sin escándalos, prepotencias y frases épicas. Así lo dejó sentado la UCR cuando se trató hace 2 años la ley de nacionalización.
Allí sostuvimos que era necesario negociar la compra de la mayoría accionaria, garantizando el interés de la Argentina de manera tal de evitar el vaciamiento de YPF y valuar la empresa computando precisamente esa situación de vaciamiento que por otra parte, era el caballito de batalla de los funcionarios que explicaban la decisión de expropiar. Hoy, 2 años más tarde, el precio a pagar solo beneficia a los anteriores propietarios, y para poder justificarlo el gobierno utiliza al Tribunal de Tasación de la Nación que convalida la maniobra en una actitud que será motivo de denuncia ante la justicia por parte de la Unión Cívica Radical.
El partido de gobierno cierra con este capítulo una historia de marchas y contramarchas que solo ha dejado deudas, frustraciones y retrasos. No es casual que para poder explicar este final del sobreprecio, terminen defendiendo públicamente la privatización de los 90 que durante tanto tiempo demonizaron.
La posición de nuestro partido sigue siendo la misma: somos custodios, siempre, del cuidado y la defensa de los recursos energéticos y la riqueza de nuestro país. Es por eso que exigimos, que el precio de YPF se establezca de acuerdo a lo que dictan las leyes y la Constitución, condiciones que este acuerdo no garantiza en lo absoluto.