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 La reciente devaluación, la inminencia de unas negociaciones paritarias que se anticipan conflictivas y una inflación que no da tregua conforman un combo explosivo para las provincias, donde algunos gobernadores se vieron obligados a anticipar un ajuste en sus respectivos presupuestos. Esto incluye un congelamiento en la obra pública y en el ingreso de personal estatal, además de demoras en el pago a proveedores.

La preocupación de los gobernadores es cada vez menos solapada. De hecho, ayer, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi (UCR), volvió a agitar el fantasma de que las provincias emitan cuasi monedas. "Es una posibilidad la emisión de bonos. Si la Nación sigue tensando la cuerda no nos queda otro camino", insistió Colombi, que indicó que "varios gobernadores" coinciden con él, "pero no pueden decirlo".

Río Negro, Catamarca, Neuquén y Mendoza -todas ellas, provincias kirchneristas o aliadas al Gobierno- iniciaron el año con anuncios públicos de recortes en sus gastos.

Otras provincias, como Santa Fe, no retocarían en principio su presupuesto, pero se aseguraron un aumento del impuesto inmobiliario. En Córdoba, tras la crisis policial de diciembre pasado, que obligó a José Manuel de la Sota a otorgar aumentos a los uniformados, fuentes oficiales anticiparon que habrá una reducción en la obra pública.

Ayer, los gobernadores del PJ se reunieron en la sede del Banco Hipotecario con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para establecer un acuerdo de precios en la construcción. Allí deslizaron preocupación por la marcha de la economía y la repercusión que esto tiene en sus distritos.

Asimismo, el gobierno cordobés evalúa emitir un bono de deuda pública o de letras de tesorería para asegurar el pago de los salarios públicos.

El escenario económico y fiscal se avecina bien complejo para las provincias este año. El 31 del mes próximo vence la prórroga del acuerdo para la refinanciación de las deudas por 75.000 millones de pesos que las provincias tienen con la Nación; hasta ahora, no hay confirmación oficial de una nueva prórroga.

Pero lo que más desvela a los gobernadores es que, a raíz de la devaluación del peso, las deudas que contrajeron en dólares sufren una suba exponencial. Se trata de los bonos denominados "dollar-linked", una obligación nominada en dólares, pagadera en pesos al tipo de cambio oficial. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que preside Nadin Argañaraz, los incrementos treparían hasta un 61 por ciento (de lo que se informa aparte).

MÁS RECORTES

En Río Negro, el gobernador kirchnerista Alberto Weretilneck anunciará hoy un nuevo paquete de medidas para reducir el gasto. Al achique de la planta de funcionarios a la mitad y la baja del 15% de sus sueldos, se sumará ahora una reestructuración presupuestaria con la quita de un 25% en todas las áreas (sobre todo en la obra pública), excepto en la masa salarial de los estatales.

Precavido en sus palabras, Weretilneck habla de una "adaptación del presupuesto a la realidad económica de la provincia".

"No queremos agravar la situación financiera, por eso tomamos estas medidas correctivas para impedir la cesación de pagos o atrasos en los sueldos", admitió Weretilneck a LA NACION. El mandatario admitió que existen algunas demoras en los pagos a proveedores de servicios sanitarios y obra pública, aunque consideró que no eran imposibles de pagar en corto plazo.

En la misma senda, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino), aliado al Gobierno, anunció en diciembre último la suspensión por un año de designaciones de personal en los organismos y empresas del Estado. "Resulta conveniente mantener las medidas de austeridad, racionalidad y lineamientos de gestión destinados a una mejor aplicación del gasto público", justificó.

También kirchnerista, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, dispuso el mes pasado un paquete de medidas de ajuste del gasto provincial, entre ellas el congelamiento de los salarios de todos los ministros y secretarios de Estado; un pedido para que se achique la cantidad de cargos políticos y dispuso un tope en la utilización de los teléfonos corporativos.

En Mendoza, el gobernador oficialista Francisco "Paco" Pérez aún no cuenta con el presupuesto provincial de este año por hallarse frenado en la Legislatura. La UCR objetó el pedido de endeudamiento del Gobierno por 1780 millones de pesos y reclamó, en cambio, una efectiva reducción del gasto público. El mes pasado, Pérez emitió un decreto que congela la planta de personal y acelera las jubilaciones de empleados que estén en edad de retirarse; también elimina el otorgamiento de cualquier tipo de adicionales al sueldo.

"Siempre promete lo mismo, pero jamás cumple. De hecho, el año pasado aumentó el número de ministerios a quince, con un incremento notable de personal", reprochó el diputado radical Enrique Vaquié.

El legislador opositor reclamó que, al ser Mendoza un terruño petrolero, el cálculo de gastos y recursos de la provincia se actualice según el nuevo valor del dólar. Eso fue, justamente, lo que hizo el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.

"Modificamos el presupuesto porque el valor del dólar con el que se liquidan nuestras regalías varió. Por eso nuestra coparticipación provincial fue de un 15% mas que el mes pasado y un 18% más que el interanual", enfatizó el mandatario patagónico que está distanciado de la Casa Rosada.

Con la colaboración de los corresponsales de Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz.

Del editor: qué significa
La crisis empezó a calar profundo las provincias, pero el Gobierno sigue sin darse por aludido. Ni siquiera admite el mensaje de alerta y ajuste de su tropa.