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El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) lleva casi 70 años resolviendo diferendos territoriales, y este lunes, Perú y Chile afrontan un fallo histórico que definirá la soberanía de sus aguas en el Océano Pacífico.

La demanda, presentada en 2008 por Lima contra Santiago, pide a los jueces que sancionen como frontera una línea equidistante trazada desde la costa. Pretende dividir por igual la porción de mar correspondiente a cada una, e incorpora una zona pesquera de 38.000 kilómetros cuadrados reclamada por sus vecinos.

El lado chileno, por el contrario, defiende la delimitación actual, es decir, la línea paralela que emanaría de los tratados chileno-peruanos de 1952 y 1954. Las posturas parecen irreconciliables, pero la inminencia de la decisión judicial ha generado llamadas a la prudencia. Descartado el desacato, puesto que las dos partes han asegurado que aceptarán el parecer del TIJ, la resolución puede servir para que peruanos y chilenos “construyan un futuro distinto juntos”.

La frase es de la abogada chilena Astrid Espaliat, asesora del equipo jurídico destacado en La Haya, sede del Tribunal. Aunque en las pugnas fronterizas suele ser difícil ceder, ella no está sola en su deseo de armonía vecinal. Juristas, historiadores y antiguos políticos de las dos nacionalidades subrayan la voluntad de abrir una nueva fase en las relaciones bilaterales.

Rafael Roncagliolo, exministro de Exteriores peruano, ha sido el más aséptico. En una conferencia dictada en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), calificó de “controversia jurídica, y no política” la situación. Como si de una respuesta se tratara, José Rodríguez Elizondo, abogado y antiguo diplomático chileno, ha declarado lo siguiente al diario El Comercio: “Para los que pensamos que tras la cobertura jurídica siempre hubo un problema de poder, el cumplimiento del fallo debe ser parte de una voluntad política bilateral (…) de terminar de una vez con los conflictos de frontera, para poder volcarnos en el desarrollo”.