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 Ese es uno de los resultados preliminares arrojados por el estudio hecho por un grupo de 13 parlamentarios y médicos especialistas, quienes iniciaron visitas a 19 hospitales nacionales, en mayo de este año, a raíz de las denuncias presentadas por organizaciones que agrupan a pacientes con cáncer. 

Las conclusiones fueron presentadas en agosto pero, según los galenos, la situación persiste a la fecha. Ayer, varios representantes de los servicios oncológicos, pacientes, organizaciones civiles y tres diputados de la Asamblea Nacional consignaron ante la Fiscalía General de la República, una carta suscrita por 27 personas y respaldada por el informe donde -además de mencionar la cifra inicial- denunciaron que el Ministerio de Salud dejó vencer la garantía relacionada contra todo defecto de fabricación de algunos de los equipos señalados en los contratos firmados con las empresas Invap, S.A., de Argentina, y Philips Argentina, S.A.

Según el informe, en 2004 el gobierno y Philips suscribieron un acuerdo de compraventa, identificado bajo el Nº 057-2004, en virtud del cual la compañía extranjera se comprometía a vender los suministros necesarios para la instalación y puesta en marcha "llave en mano" de los equipos de radioterapia, braquiterapia y medicina nuclear. Esto estaba enmarcado dentro del Plan Nacional de Dotación de Equipos de Radioterapia y Medicina Nuclear. El precio pactado, sin IVA y sin aranceles, alcanzó la suma de 31 millones 908 mil dólares, equivalentes a Bs 61 millardos 263 millones 360 mil.

Pedro Martínez Latuff, presidente de la Sociedad Médica de Oncología del hospital Luis Razetti, y uno de los que firma la carta, sostiene que a la fecha no ha habido respuesta por esa irregularidad, pese a que desde 2011 se han venido presentando interrupciones en el funcionamiento de las radioterapias.

“No sólo están fallando 13 fármacos contra el cáncer, lo que ya es grave, sino que además el daño en los equipos alcanza 80 por ciento. No hay repuestos ni mantenimiento. De 19 aceleradores lineales funcionan cinco y de 17 bombas de cobalto están operativas dos. Eso se traduce en que hay un retraso en la aplicación de los tratamientos, hay una lista de espera para las cirugías (en el Razetti por ejemplo hay gente anotada por seis meses) y está aumentando la mortalidad. Según el anuario del Ministerio de Salud de 2010, la cifra ronda los 21 mil decesos en todo el país, cuando se están registrando entre 45 mil y 50 mil casos nuevos cada año".

El especialista, quien además acudió a la sede de la Fiscalía en compañía del doctor Carlos Walter, quien fuera ministro de Sanidad, señaló que los pacientes con cáncer no esperan. "El Ministerio Público es el ente más indicado para iniciar de inmediato una investigación. Incluso debe plantearse indemnizar a las víctimas que no están recibiendo los tratamientos. Después de esto pienso que se debería decretar en emergencia la salud pública venezolana"