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 Los holdouts pidieron ayer a la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York que levante de inmediato la medida cautelar que beneficia a la Argentina y obligue al país a pagar la sentencia por u$s 1.500 millones. Los litigantes entienden que, con el amparo, el Gobierno gana tiempo para evadir embargos.


El escrito de los fondos NML Capital y Aurelius llegó dos semanas después de que la Corte Suprema haya rechazado tomar la apelación argentina en una primera instancia, pero con otras dos apelaciones del país pendientes.


En un fallo contrario al país, el 23 de agosto pasado, la Cámara de Apelaciones había conminado a pagar esa suma a los fondos buitre, pero con un stay o medida cautelar que daba margen al Gobierno a realizar todas las apelaciones posibles y estirar el proceso.


La sentencia obligaba también al Bank of New York (BONY) a retener pagos de deuda regularizada para satisfacer el reclamo de los holdouts. A los tres días, la presidenta Cristina Fernández anunció por cadena nacional un plan para cambiar los bonos bajo legislación de Nueva York por otros de ley nacional y así evitar posibles embargos.


Los fondos buitre se valieron de ese anuncio, que todavía no se concretó, para remarcar que la Argentina quiere evadir una sentencia en contrario y, por eso, pidió levantar la cautelar. “Como la presidenta Kirchner admitió cándidamente, este cambio ‘importante’ fue diseñado ‘para evitar potenciales embargos’”, indicaron en el escrito, con citas al discurso de Cristina del 26 de agosto.


“Esta Corte (de Apelaciones) no debe permitir que la Argentina aproveche el stay para lograr su objetivo de evadir la orden (de pagar la sentencia)”, reclamaron los litigantes. Lo mismo habían pedido días atrás, el 3 de octubre, al juez de primera instancia, Thomas Griesa. Los holdouts recordaron que el abogado argentino dijo en una audiencia con el tribunal de Apelaciones, el 27 de febrero pasado, que el país “no obedecerá voluntariamente” una sentencia como la que se dictó, y que la Corte calificó al Estado como un “deudor recalcitrante”.


Además, los litigantes argumentaron que la Corte Suprema ya rechazó la apelación argentina en una primera instancia, y vaticinó que es “poco probable” que acepte tomar el caso más adelante. “Si la Argentina eleva una segunda petición de certiorari (un recurso ante el máximo tribunal), puede esperarse el mismo resultado: negativo”, indicaron los holdouts.


El 26 de agosto, el tribunal de Apelaciones dispuso mantener la medida cautelar a favor del país porque había pendiente una apelación a la Corte Suprema, que se resolvió el 7 de octubre último. Fuentes oficiales entienden que el amparo sigue vigente durante todo el proceso, que podría demorar hasta un año. A la Argentina le quedan dos instancias procesales: una apelación en banc, al plenario de 13 jueces de la Corte de Apelaciones, que está en curso, y un nuevo recurso ante la Corte Suprema, que debe presentarse dentro de los tres meses de la eventual negativa del en banc.


Para el abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas Etchebarne Kelly, “sigue el proceso de apelación y los argumentos por los que se otorgó el stay siguen vigentes mientras las apelaciones no hayan terminado”. El letrado, experto en este tipo de casos, consideró que la Corte de Apelaciones definiría la apelación en banc antes de considerar si levanta la cautelar.


La Argentina debe pagar unos u$s 300 millones correspondientes a los bonos Discount a fin de año. Se trata del último compromiso bajo legislación extranjera del año. “Lo relevante es lo que piense el BONY. Si piensa que el stay está vigente pagará. Si no, preguntará al tribunal”, afirmó Etchebarne.


Anoche, abogados del Ministerio de Economía revisaban el caso. El Palacio de Hacienda declinó de hacer comentarios.