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El juez de Nueva York, Thomas Griesa, ratificó ayer una orden judicial que impide a la Argentina evadir la ejecución de las órdenes del tribunal, incluyendo la posibilidad de alterar la legislación y el lugar de pago de sus bonos reestructurados.

Esta medida es consecuencia de una petición formal presentada ante Griesa por NML y otros demandantes el 11 de septiembre, tras el anuncio que la presidenta Cristina de Kirchner hiciera el 26 de agosto, cuando dijo que buscaría pagar en el país los bonos que hoy se pagan en el extranjero. Si bien el Gobierno parece haber dado marcha atrás y optado por dejarlo flotando en el aire como una mera provocación, sin tomar ninguna medida para avanzar en ese sentido.

De esta manera, Griesa pone fin a las implicancias legales que conllevaría el pago a bonistas en suelo argentino y sienta una fuerte advertencia para cualquier tipo de acción que el Gobierno genere en esta dirección. “Griesa aclara que el alcance de su orden no sólo respecta a la alteración de los mecanismos de pago, además incluye a cualquier diseño de un plan alternativo”, explicó Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini.

En los escritos a los que tuvo acceso El Cronista, Griesa ordena que en caso que exista cualquier plan, propuesta, propósito o intención de diálogo entre el Gobierno y cualquier parte respecto al cambio de jurisdicción, lo comunique dentro de los cinco días a la Corte y a los demandantes. “De esta manera, Griesa se asegura que ningún tercero quiera tener comunicación alguna con la Argentina sobre este tema”, agregó Etchebarne.

Así, el riesgo de desacato es mayor para el país, lo que podría tener implicancias directas sobre la remoción del efecto suspensivo del fallo o stay, que hoy impide a la Argentina caer en default técnico.

Según Bruce Wolfson, abogado del estudio Bingham McCutchen, con sede en Nueva York, aunque el stay fue emitido por la Cámara de Apelaciones y no por el juzgado de Griesa, la Cámara podría considerar remover el stay si la Argentina utiliza este tiempo para incurrir en la violación de la leyes norteamericanas.

La orden expedida ayer tiene la intención de reforzar la medida judicial del 5 de marzo de 2012, por medio de la cual se le prohibe a la Argentina a realizar acciones para evadir, dejar sin efecto o impedir la ejecución de la orden del tribunal, incluyendo la alteración o modificación del proceso o la aplicación de ciertos mecanismos de transferencia por el cual los pagos de los bonos se hicieran sin la aprobación previa del tribunal.
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El 26 de agosto de 2013, la presidente de Argentina, Cristina Kirchner, anunció en un discurso televisivo nacional, que la República establecerá los procedimientos para que los titulares de los bonos puedan sustituir estos instrumentos por otros casi idénticos a ser pagados en el país, en un aparente intento de evadir las directivas del fallo del 23 de febrero (luego ratificados en marzo)”, sentenció Griesa en sus conclusiones.

Incluso especificó que los funcionarios argentinos anunciaron públicamente y en repetidas ocasiones la intención de desafiar las ordenes judiciales de esta Corte con la que no están de acuerdo.