El cura Julio César Grassi apeló el fallo de la Suprema Corte Bonaerense que confirmó la pena en su contra de 15 años de prisión por abuso sexual de menores y por la cual fue detenido la semana pasada tras recibir la condena en 2009.
Con un recurso extraordinario, el abogado Carlos Irisarri, patrocinante del sacerdote, pretende llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que revise la condena a 15 años por "abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado, dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada".
"El tribunal de juicio partió de la base de que la palabra del acusador valía más que la palabra del acusado, decapitando así la palabra de éste sin dar ninguna razón crítico-racionalista para tal diferenciación, que, en principio, a falta de otra prueba, sólo podría basarse en razones extraordinarias, mientras que su acusador está en la doble debilidad de ser \\'declarante único\\' + \\'interesado en la causa\\'", acusó el letrado.
En tanto, sostuvo que hay contradicciones en cuanto al lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos por parte del joven conocido como "Gabriel", quien acusó al cura de haberlo abusado sexualmente en la Fundación Felices los Niños.
También se quejó de que el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón, el que hizo el juicio, así como la Casación Bonaerense y la Suprema Corte que luego confirmaron la condena a 15 años, no tuvieron en cuenta el peritaje que arrojó que "no se observan signos que pudieran referirse específicamente a haber sido víctima de abusos sexuales infantiles, pero sí se observan con gran claridad y crudeza signos de haber sido sometido intensamente a malos tratos y castigos reiterados".
"Hemos planteado, en forma acabada y puntillosa, el agravio que a esta parte ocasionó la falta de congruencia entre acusación y sentencia", concluyó el letrado.
Grassi fue detenido el pasado 23 de septiembre luego de que el TOC1 tuviese en cuenta que dos fallos confirmaron la condena que ellos impusieron en 2009. La detención venía siendo solicitada por el fiscal Alejandro Varela y las querellas.
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