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 El juez de Sentencia Nº 4, Gustavo Urdiales, aceptó el pedido del juez Federal Nº 2, Francisco Miño, para que la Justicia provincial abandone cuanta investigación penal esté en marcha en esa jurisdicción, en torno a las supuestas estafas cometidas por el director de Bolsafé Valores y BV Emprendimientos, Mario Rossini y quien pudiera estar vinculado con dichas maniobras delictivas.
En un breve escrito de tres carillas, el juez provincial se expidió la semana pasada por la inhibitoria, tomando por válidos los argumentos que sostuvieron tanto el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, así como el juez Miño.
Sin embargo, tras notificar a las partes del proceso, el fiscal Nº 1 de provincia, Carlos Rolando, apeló dicha resolución. Ahora, la cuestión de si la provincia es competente o no para juzgar al contador de 60 años, se encuentra bajo tratamiento en la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe.
Rossini está procesado por 62 casos de administración fraudulenta, y la causa fue elevada a juicio por el juez de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg, para quien se pudo acreditar que el titular de las firmas investigadas se aprovechó de su posición de hombre de negocios en quien ahorristas e inversores confiaban para fugar títulos públicos que administraba y generar una deuda de desproporcionadas dimensiones, que al día de hoy tiene un sinnúmero de damnificados.
Argumentos
En paralelo, el fiscal federal Rodríguez, en coordinación con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, inició una investigación contra Rossini por “defraudación por administración fraudulenta”, para la cual solicitó el 30 de julio último que se libre un oficio inhibitorio y la “exclusiva puesta a disposición del detenido a favor de la Justicia Federal”.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación destacó entonces que “estaríamos ante una compleja maniobra ilícita, desarrollada a través de diversas conductas -con multiplicidad de víctimas- cuyo abordaje, a los fines de obtener una respuesta judicial óptima y efectiva, desaconseja mantener el actual estado de desmembramiento imperante”.
También puso en primer plano que “la existencia de un gran número de afectados en sus bienes jurídicos particulares representan un riesgo para el sistema financiero y lesionan la confiabilidad de las inversiones produciendo un daño a todo el sistema regional comprometiendo el orden público económico”.
El fiscal Rodríguez justificó también la intervención federal amparado en “el marco regulatorio de la Comisión Nacional de Valores” que es un “órgano de carácter nacional”; y finalmente propuso “la concentración -en un solo proceso- de las dos investigaciones en curso, fundamentalmente con el propósito de evitar soluciones contradictorias sobre sucesos que responden a una misma matriz delictiva y teniendo con consideración el principio de economía procesal”.
Pedido formal
Como correlato, el juez federal Nº 2, Francisco Miño, envió el oficio a los tribunales provinciales el 16 de agosto para que se inhiba de continuar actuando.
El pedido se hizo a través del Juzgado de Sentencia Nº 6, pero quedó en stand-by porque en la órbita provincial se estaba discutiendo a qué juzgado de Sentencia correspondía la causa.
Finalmente, el 12 de septiembre la Sala IV de la Cámara de Apelación Penal bajó el expediente al Juzgado de Sentencia Nº 4, de Gustavo Urdiales, quien tras asumir el cargo entendió que la investigación debía quedar en exclusiva en la órbita federal.
Para que esto ocurra todavía falta un paso, que consiste en esperar que los vocales de la Sala IV, integrada por los camaristas Roberto Reyes, Jaquelina Balangione y Martha Feijoó, coincidan con el criterio abonado por el juez de primera instancia y finalmente el expediente pase de manera definitiva a la Justicia nacional.