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El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, apeló hoy su procesamiento por abuso
de autoridad a raíz de haber multado a la consultora Finsoport S.A por haber realizado mediciones de precios en forma paralela al Indec.

Mediante un escrito presentado por su abogado, Moreno calificó el procesamiento del juez federal Claudio Bonadío como "arbitrario" y pidió a la Cámara Federal que revoque esa medida.

En el escrito, el defensor Alejandro Rúa consideró que por lo que fue procesado Moreno ya había sido investigado en 2012 por el juez federal Julián Ercolini, por lo que no podía volver a ser
investigado por el mismo hecho.

Por otra parte, aseguró en la presentación que la multa impuesta a las consultoras privadas fue en el marco de la ley y con los procedimientos que fija la misma al imopner las sanciones.

Moreno fue procesado el pasado martes por el juez Bonadío quien además le trabó un embargo sobre sus bienes de 50 mil pesos.

Bonadío, a raíz de comparativos que estableció entre los índices de precios evaluados por la consultora Finsoport y por los que calculan varias provincias, sostuvo que los privados "hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada, es indiscutible".

"Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport S.A. en particular, de cara a la obtención del IPC –o
aún su deliberada falsedad- se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados".

Señala además que esos guarismos "no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aún teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público".

La causa se inició tras una denuncia hecha por el economista Jorge Todesca, como presidente de "Finsoport SA Economía y Finanzas", quien aseguró que fue víctima su empresa de "una
ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que
difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados".

Para Bonadío "los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport SA de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido".