El director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio dispuso el cierre de la unidad de Campo de Mayo y el traslado de todos los acusados de crímenes de lesa humanidad a la cárcel de Marcos Paz, debido al ‘riesgo grave e inminente‘ de evasión, “favorecido por condiciones deficitarias de seguridad”.
“De esta forma, los 25 responsables de lesa humanidad, encarcelados en un espacio para 50, pasarán a ser “presos comunes” y a recibir el trato, de respeto por sus derechos, pero que corresponde a su estatus”, se indicó en un comunicado.
En un informe, el SPF anotició al Tribunal Oral Federal Número 5 que el traslado se ordenó “debido a que no es posible dotar a la estructura edilicia de Campo de Mayo (U.34) de las condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria”.
Según la nota que firmó Marambio, el edificio “presenta falencias funcionales, las que constituyen un factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa”.
Al respecto, se reveló que el Departamento de Inteligencia Penitenciaria elaboró ‘varias hipótesis sobre el desarrollo de dichos eventos‘. También se puntualizó la ‘dificultad‘ que tiene la custodia de un centro penitenciario ‘asentado dentro de un importante complejo del Ejército, motivo principal del déficit de seguridad‘.
Además, se observó que “la composición etaria de dicha población penal, requiere de una permanente asistencia en materia de salud”, por lo que hay que cubrir esa situación ‘principalmente a través de los hospitales militares”, traslados que fueron prohibidos a fines de julio, luego de la fuga de los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, quienes habían llegado desde San Juan para hacerse estudios en el Hospital Militar Central Cosme Argerich.
La decisión del SPF de trasladar a los presos a Marcos Paz se tomó porque ese Complejo Penitenciario ‘cuenta con las condiciones de seguridad y asistenciales para asegurarle el resguardo y pleno goce de sus derechos y una calidad de vida similar a las demás personas privadas de la libertad por causas de ’lesa humanidad”, allí alojadas.
“Este es un avance más de la política de Derechos Humanos del gobierno nacional y un claro cumplimiento de los articulados de la Constitución y de los pactos supraconstitucionales, como el de San José de Costa Rica”, señaló Marambio.
“La decisión de finalizar con esta diferencia a favor de los genocidas se tomó debido a las fallas de seguridad existentes, en lo inapropiado de Campo de Mayo para alojar presos y con un sentido democrático de igualdad ante la Ley‘, añadió el funcionario de reciente designación en el mismo puesto que había ocupado durante 2010
La provincia activó más de 100 000 millones de pesos en financiamiento para pymes y productores. El objetivo es sostener la actividad, fomentar inversiones y asistir a sectores golpeados por el clima.