En las últimas horas resurgió en la ciudad de Santa Fe el pedido de prohibición de la pirotecnia en el ámbito municipal. Esto se atribuye a la muerte de un perro que mordió una bomba de estruendo, días atrás, durante una protesta de trabajadores en Mendoza y avenida 27 de Febrero, en la zona céntrica de la capital.
“Si la prohibición de pirotecnia estuviese vigente no tendríamos que pasar por esto”, insistió ayer el concejal Ignacio Martínez Kerz (PJ), autor de un proyecto ingresado el año pasado al Concejo Municipal que buscaba restringir en forma absoluta el uso y la venta de estos artefactos.
En el mismo sentido, el edil enfatizó: “Estamos convencidos que nuestra ciudad debe avanzar hacia la pirotecnia cero, como parte de una evolución de una cultura ciudadana basada en el respeto a quienes sufren las consecuencias”.
Y agregó: “Respeto no sólo a las personas sino también, y de una forma más que abusiva, a los animales que sufren, durante días, un estrés y un temor que no tiene razón alguna de ser justificada”.
En concreto, la propuesta ordena declarar a la ciudad “Territorio libre de pirotecnia”. En cuanto a su alcance, prohibiría en todo el ámbito del ejido municipal la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso particular, de todo elemento de pirotecnia o cohetería.
Desde lo conceptual, la iniciativa considera “artificio pirotécnico o de cohetería al destinado fundamentalmente a producir combustión o explosión, efectos visibles mecánicos o audibles, estando incluidos todos aquellos que se enciendan o accionen mediante el uso de mecha, combustión o fricción”.
En el mismo expediente se incluyeron las posibles sanciones a quien infringiera la prohibición. Ante la primera infracción el proyecto sugería una multa de un salario mínimo, vital y móvil y decomiso de mercadería. Para la segunda falta, se duplicaría la multa económica, se procedería al decomiso y también a la clausura del comercio por un día.
Ante la tercera infracción: multa de tres a cuatro salarios mínimo, vital y móvil, decomiso de la mercadería y clausura del comercio de dos a cinco días. Se determina como unidad de medida el salario establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
“Hemos cursado una misiva a una serie de instituciones, públicas y privadas, para enriquecer la norma, y no hemos tenido cuestionamientos, todo lo contrario, hemos encontrado receptividad y apoyo para seguir adelante”, destacó Ignacio Martínez Kerz.
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