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Martes 10 de Septiembre de 2013 - 21:03 hs
Indagaron al último preso por el robo al Banco Macro
Esta mañana el juez de Instrucción Octava, Jorge Patrizi, le tomó declaración indagatoria al último detenido, acusado de participar del millonario robo al tesoro del Banco Macro de la peatonal San Martín. La audiencia se celebró apenas 24 horas después de que se cumpla el primer aniversario del histórico golpe delictivo registrado en Santa Fe entre el 8 y 9 de septiembre del 2012.
El “Pirata” Javier Esteban Abad llegó ayer a la capital santafesina, traído de los tribunales de San Isidro por una comisión de la Tropa de Operaciones Especiales de provincia. Pasó la noche en la Comisaría 5ta. del barrio Sargento Cabral y hoy fue escoltado hasta la sala de presos que está en el subsuelo de los tribunales de calle San Jerónimo 1600.
De pantalón buzo azul, zapatillas y una remera blanca con vivos de colores, Abad ingresó con sus manos esposadas al juzgado donde lo esperaban el juez Patrizi, el fiscal Nº 1, Gerardo Alesso y el secretario del juzgado, Diego Vigo.
“Se abstuvo”
La defensa del reo estuvo a cargo de uno de los miembros del Estudio Díaz Duarte, en este caso asumida por su titular, Romeo Díaz Duarte, quien al término de la audiencia dijo que su pupilo “se abstuvo de declarar”. “Le imputaron los mismos delitos que a los otros” detenidos y si bien en esta oportunidad no hizo declaraciones “va a ejercer el derecho de defensa oportunamente”, amplió el letrado.
En un planteo previo a la indagatoria la defensa de Abad pidió que se los informara de las pruebas de cargo, reclamo que mereció el rechazo de la fiscalía, pero que igualmente fue concedido por el magistrado.
En términos generales, existen en la causa “entrecruzamientos de llamadas telefónicas” que comprometen al “Pirata” y “el supuesto alquiler de una casa de Monte Vera”, utilizada para alojar a la banda previo al robo, donde también habría sido visto el hombre de piel curtida y rasgos gruesos.
ADN y reconocimientos
Una vez concluida la audiencia, el preso fue nuevamente esposado y trasladado a una comisaría de la ciudad, puesto que va a permanecer en Santa Fe hasta tanto no se practiquen una serie de medidas de prueba.
En primer lugar, el juez Patrizi dispuso que se le extraiga una muestra de sangre para ser cotejado su ADN con los elementos orgánicos secuestrados en el banco y en los lugares donde se alojó el grupo. También se prevé un reconocimiento de voz, en base a grabaciones existentes en la causa y por último, el preso será sometido a rueda de personas para su reconocimiento.
Con posterioridad a éstas y otras medidas complementarias, Abad volvería a Buenos Aires, posiblemente al penal de Ezeiza, ya que al igual que en el norte del país, el acusado cuenta con causas pendientes.
Quinta captura
La captura de Javier Abad fue la quinta a lo largo de un año de investigación, y todo hace presumir que en las dos últimas se logró dar con los pesos pesados de la banda, aunque todavía falta atrapar a uno de los hermanos Gómez.
En fórmula judicial, dos estudios jurídicos “fuertes” defienden a la banda. Los tres cordobeses, Darío, Dante y Héctor Gómez, están representados por Ignacio Alfonso Garrone -del Estudio Alfonso-, que a su vez son la pata local del penalista bonaerense Gustavo Semorile, famoso por su defensa de la banda del Gordo Valor y de Carlos Telleldín en la década del ’90.
Diego Armando Agüero, en cambio, cuenta con el asesoramiento letrado del santafesino Ramiro Díaz Duarte, en coordinación con los estudios del rosarino de Alberto Tortajada y el cordobés Carlos Curi.
Tres a juicio
En cuanto a la situación procesal de cada uno de los imputados, todos se encuentran procesados por los delitos de “robo doblemente agravado por escalamiento y utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse”; e integrante de “asociación ilícita”. Para los tres primeros, el fiscal Gerardo Alesso formuló la requisitoria de elevación a juicio a fines del mes pasado.
Los cinco están vinculados con el robo ocurrido entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de septiembre del año pasado, en la sucursal del Banco Macro de la peatonal San Martín de la capital. Las pruebas reunidas hasta ahora indican que los delincuentes entraron al edificio por una ventana del contrafrente, que da a una cochera privada. En total, 62 cajas de seguridad fueron saqueadas por los maleantes, y aunque nunca se difundieron cifras oficiales se cree que la suma sustraída sería millonaria.
El “Pirata” Javier Esteban Abad llegó ayer a la capital santafesina, traído de los tribunales de San Isidro por una comisión de la Tropa de Operaciones Especiales de provincia. Pasó la noche en la Comisaría 5ta. del barrio Sargento Cabral y hoy fue escoltado hasta la sala de presos que está en el subsuelo de los tribunales de calle San Jerónimo 1600.
De pantalón buzo azul, zapatillas y una remera blanca con vivos de colores, Abad ingresó con sus manos esposadas al juzgado donde lo esperaban el juez Patrizi, el fiscal Nº 1, Gerardo Alesso y el secretario del juzgado, Diego Vigo.
“Se abstuvo”
La defensa del reo estuvo a cargo de uno de los miembros del Estudio Díaz Duarte, en este caso asumida por su titular, Romeo Díaz Duarte, quien al término de la audiencia dijo que su pupilo “se abstuvo de declarar”. “Le imputaron los mismos delitos que a los otros” detenidos y si bien en esta oportunidad no hizo declaraciones “va a ejercer el derecho de defensa oportunamente”, amplió el letrado.
En un planteo previo a la indagatoria la defensa de Abad pidió que se los informara de las pruebas de cargo, reclamo que mereció el rechazo de la fiscalía, pero que igualmente fue concedido por el magistrado.
En términos generales, existen en la causa “entrecruzamientos de llamadas telefónicas” que comprometen al “Pirata” y “el supuesto alquiler de una casa de Monte Vera”, utilizada para alojar a la banda previo al robo, donde también habría sido visto el hombre de piel curtida y rasgos gruesos.
ADN y reconocimientos
Una vez concluida la audiencia, el preso fue nuevamente esposado y trasladado a una comisaría de la ciudad, puesto que va a permanecer en Santa Fe hasta tanto no se practiquen una serie de medidas de prueba.
En primer lugar, el juez Patrizi dispuso que se le extraiga una muestra de sangre para ser cotejado su ADN con los elementos orgánicos secuestrados en el banco y en los lugares donde se alojó el grupo. También se prevé un reconocimiento de voz, en base a grabaciones existentes en la causa y por último, el preso será sometido a rueda de personas para su reconocimiento.
Con posterioridad a éstas y otras medidas complementarias, Abad volvería a Buenos Aires, posiblemente al penal de Ezeiza, ya que al igual que en el norte del país, el acusado cuenta con causas pendientes.
Quinta captura
La captura de Javier Abad fue la quinta a lo largo de un año de investigación, y todo hace presumir que en las dos últimas se logró dar con los pesos pesados de la banda, aunque todavía falta atrapar a uno de los hermanos Gómez.
En fórmula judicial, dos estudios jurídicos “fuertes” defienden a la banda. Los tres cordobeses, Darío, Dante y Héctor Gómez, están representados por Ignacio Alfonso Garrone -del Estudio Alfonso-, que a su vez son la pata local del penalista bonaerense Gustavo Semorile, famoso por su defensa de la banda del Gordo Valor y de Carlos Telleldín en la década del ’90.
Diego Armando Agüero, en cambio, cuenta con el asesoramiento letrado del santafesino Ramiro Díaz Duarte, en coordinación con los estudios del rosarino de Alberto Tortajada y el cordobés Carlos Curi.
Tres a juicio
En cuanto a la situación procesal de cada uno de los imputados, todos se encuentran procesados por los delitos de “robo doblemente agravado por escalamiento y utilización de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse”; e integrante de “asociación ilícita”. Para los tres primeros, el fiscal Gerardo Alesso formuló la requisitoria de elevación a juicio a fines del mes pasado.
Los cinco están vinculados con el robo ocurrido entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de septiembre del año pasado, en la sucursal del Banco Macro de la peatonal San Martín de la capital. Las pruebas reunidas hasta ahora indican que los delincuentes entraron al edificio por una ventana del contrafrente, que da a una cochera privada. En total, 62 cajas de seguridad fueron saqueadas por los maleantes, y aunque nunca se difundieron cifras oficiales se cree que la suma sustraída sería millonaria.
Fuente: El Litoral
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