La jueza federal María Servini de Cubría se declaró incompetente para entender en una denuncia por supuesta violación a la prohibición de realizar actos de campaña contra la presidenta Cristina Kirchner y giró la causa a la Justicia bonaerense.
Según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, la jueza con competencia electoral en Capital Federal mandó la causa a su par en la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco, por entender que los actos por los que se denunció a la Presidenta ocurrieron en esa jurisdicción.
La jefa del Estado está acusada de haber inaugurado una obra pública y haber encabezado actos de gobierno destinados a "promover la captación del sufragio" a menos de 15 días de las elecciones, algo expresamente prohibido por la ley.
La investigación, que impulsó el fiscal Jorge Di Lello, se inició por una denuncia presentada por los precandidatos a diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra, Humberto Tumini y Sergio Abrevaya, y a senadores, Alfonso Prat-Gay y Victoria Donda, todos de la agrupación de centroizquierda UNEN.
Ellos le pidieron a Servini de Cubría que se le ordenara a la Presidenta "cesar" con este tipo de actos y que se le aplicara el castigo previsto por el artículo 133 bis del Código Electoral: una pena de uno a diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Los denunciantes cuestionaron los discursos de la Presidenta en los dos actos; en ambos, ella había elogiado la gestión kirchnerista. En San Fernando, además, habló de la importancia de contar con mayoría en el Congreso para hacer obras como la que estaba inaugurando, le pidió ayuda a la gente para poder seguir adelante ("ayudarme a mí es ayudarse a ustedes mismos", dijo), y advirtió que "en la vida hay que elegir", eslogan de campaña del kirchnerismo.
"Fue explícita respecto a la finalidad electoralista del acto", afirmaron los denunciantes. Ellos sostuvieron que lo mismo ocurrió en Cañuelas, pese a que la inauguración era de una fábrica privada.
La Justicia santafesina, con un fallo ratificado por la Corte Suprema provincial, dio la razón a una conductora a la que pretendían cobrarle 13 multas. El eje del conflicto fue el cambio de velocidad máxima de 50 a 40 km/h sin la debida publicidad ni actualización de cartelería.