El presidente francés, François Hollande, promulgó la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. De este modo, Francia se convirtió en el decimocuarto país que legaliza uniones homosexuales.
El diario oficial de Francia anunció el sábado que el proyecto se había convertido en ley después de que el Consejo Constitucional diera luz verde el viernes.
La ley, una promesa de campaña del presidente socialista, ha sido fuertemente disputada durante meses por muchos conservadores en Francia, donde permitir los matrimonios homosexuales es una de las mayores reformas sociales desde la abolición de la pena de muerte en 1981.
Sus oponentes han llevado a cabo grandes manifestaciones, a menudo violentas, contra la ley y han convocado otra protesta para el 26 de mayo. La líder de la oposición a las uniones gays, una activista política y humorista conocida por el nombre de Frigide Barjot, ha dicho que la protesta sacará a las calles a millones de personas.
La alcaldesa de Montpellier, Helene Mandroux, que oficiará el primer matrimonio homosexual en Francia en esta ciudad del sur del país el 29 de mayo, dijo que la ley suponía un importante avance social. "El amor ha ganado sobre el odio", dijo, mientras expresaba su preocupación por si la primera boda gay pudiera provocar protestas violentas.
Francia, un país predominantemente católico, se suma a otros trece países como España, Canadá, Dinamarca, Suecia y más recientemente Uruguay y Nueva Zelanda al permitir el matrimonio entre gays y lesbianas. En Estados Unidos, Washington D.C. y doce estados han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Al contrario de lo que ocurrió cuando el último presidente socialista de Francia, François Mitterrand, desafió la oposición de la mayoría de franceses a abolir la pena de muerte en 1981, los sondeos muestran que más de la mitad del país respalda la decisión de Hollande de permitir la unión de las parejas del mismo sexo.
No obstante, con las cifras de popularidad de Hollande en mínimos récord después de un año en el cargo, la ley ha supuesto un coste para el presidente y los críticos dicen que ha distraído su atención de los intentos de reavivar una economía en recesión.
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