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 Con el apoyo de aliados, el kirchnerismo impuso su mayoría en el Senado y anoche convirtió en ley la reforma del Consejo de la Magistratura, uno de los proyectos más polémicos que envió el Gobierno al Congreso para avanzar en el control sobre el Poder Judicial. La oposición, al igual que distintas asociaciones de magistrados y de abogados, advirtió que buscará frenar la iniciativa en la Justicia.

El oficialismo también logró la aprobación de la ley que reduce los requisitos para las declaraciones juradas de los funcionarios (43 votos a favor y 22 en contra) y la que establece la publicación de los fallos de todos los tribunales (44 apoyos, frente a 21 rechazos). Además votó con retoques pedidos por la Corte el proyecto que prevé el acceso igualitario a la Justicia (42 votos a favor y 23 en contra), que será devuelto a Diputados.

En la votación de la polémica ley de la Magistratura, esta vez el kirchnerismo estuvo más ajustado que en su primer paso por el Senado. Sumó 38 votos, uno menos que cuando se dio media sanción al texto original: se ausentó Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquén) uno de sus seis aliados. Necesitaba 37 votos. La oposición también tuvo uno menos para rechazarlo. Fueron 30, por el faltazo de María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica. El proyecto había sido modificado en Diputados a pedido de la Corte, que así seguirá administrando el Poder Judicial.

La ley contempla que el Consejo pase de 13 a 19 integrantes y que 12 de ellos sean elegidos por el voto popular y en listas partidarias, que se sumarán a los seis legisladores y al representante del Poder Ejecutivo. La oposición también cuestionó que, con la nueva ley, será necesaria apenas una simple mayoría –y no los dos tercios como lo establecía la norma anterior– en el Consejo para comenzar el proceso de juicio político a los magistrados, “Esto es un maquillaje para quedarse con el Poder Judicial con jueces afines”, advirtió Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, en referencia a que el kirchnerismo podría reunir ese requisito.

Pero el debate en la sesión apuntó principalmente a los cambios que el oficialismo introdujo en Diputados, “¿Qué pasó? Acá les sacaron facultades a la Corte y en Diputados se las restituyeron”, preguntó con picardía el radical Ernesto Sanz, en alusión a la carta en la que el alto tribunal le advirtió al Gobierno que de aprobarse el texto tal como había llegado del Senado, se podía “paralizar la Justicia”.

Tras esa nota, el kirchnerismo debió ceder y le devolvió el poder presupuestario y administrativo.

Sin embargo, también se realizó otra modificación, que limita electoralmente a los partidos políticos que quieran presentar candidatos a consejeros, ya que deberán tener este año idéntica denominación en 18 de los 24 distritos.

El santafesino Rubén Giustiniani (FAP) indicó que el kirchnerismo “está creando una nueva categoría electoral a su conveniencia”. Y el formoseño Luis Naidenoff (UCR) señaló que “el Gobierno demuestra que está con pánico electoral y pretende el aniquilamiento de los partidos”. En el cierre, Miguel Pichetto, jefe del bloque K, sostuvo que el proyecto “no representa ningún riesgo para la República” y se mofó de que “acá cualquiera puede tener un partido político: van a la esquina y lo compran en un supermercado”.

Tras la aprobación de la reforma de la Magistratura, se pasó al debate de las otras tres iniciativas. La oposición criticó que el avance que implicaría la publicación de las declaraciones juradas se contrapone con el menor nivel de detalle exigido para controlar el patrimonio de los funcionarios. La nueva norma establece que los integrantes de los tres poderes deberán presentar declaraciones juradas que presentan ante la AFIP, con menor información que las actuales.