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El denostado turismo de sol y playa es hoy una de las pocas actividades económicas que resiste una comparación con el año anterior. E incluso arroja números verdes. España recibió el año pasado 57,7 millones de viajeros extranjeros, un 2,1% más que en 2011, y este año la tendencia sigue al alza. El sector mantiene el tipo a pesar de que el número de viajes del turista nacional sigue en caída libre. Y hacia ese sector, convertido en un refugio, han acudido empresarios o profesionales de otros sectores en declive o trabajadores que se han quedado en paro. La única infraestructura necesaria es un inmueble de su propiedad, en ocasiones, incluso una habitación, reconvertidos en alojamiento turístico. El Gobierno ahora se lo pondrá mucho más difícil al excluir del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) las viviendas de uso turístico para luchar contra “situaciones de intrusismo y competencia desleal en el sector”.

La patronal hotelera estima que en España hay cerca de 1,5 millones de viviendas turísticas al margen de la norma. Son alegales porque no se ajustan ni en exigencias de calidad ni de servicios a las que sí están sometidas los hoteles, campings, casas rurales o apartamentos reglados. Ese cálculo, sin embargo, se podría haber ido engrosando durante los últimos años. Los hoteleros, que han abanderado la lucha contra los apartamentos alegales, advierten de que en los últimos años han pasado al mercado vacacional muchas viviendas vacías que inmobiliarias e inversores —españoles e internacionales— no pudieron vender. Y ahora a ellos se añaden los de particulares que necesitan ingresos para llegar a fin de mes. Según los datos del Anuario Económico de La Caixa, el año pasado en España hubo más 1.128 millones de pernoctaciones turísticas. Y una abrumadora mayoría de viajeros lo hicieron en alojamientos no reglados: 764 millones de noches en establecimientos alegales frente a 364 millones de pernoctaciones en hoteles, campamentos o apartamentos que se ajustan a la ley.

Las comunidades autónomas y algunos Ayuntamientos llevan años tratando de poner coto a esos alojamientos, con resultados más bien discretos. Ahora, a esa batalla se añade el Gobierno central. “Son una gran cantidad y no están identificados”, afirma Bruno Hallé, socio de la consultora hostelera Magma Tri. Las comunidades, que tienen competencias en turismo, se topaban con que los propietarios de las viviendas podían acogerse a la LAU, que en su artículo 3.2 reconoce los arrendamientos “celebrados por temporada”, ya sea de verano o cualquier otra época.