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Tras varias semanas estudiando el nuevo sistema de regulación de la prensa pactado por los tres grandes partidos políticos, la prensa británica ha decidido rechazarlo y ha anunciado el lanzamiento de su propio organismo de autorregulación. Aunque se basa en la Cédula Real propuesta en marzo por el Gobierno del primer ministro David Cameron y mantiene algunos de sus puntos fundamentales, la gran diferencia es que la prensa tendría derecho a estar directamente representada en los organismos de gestión del nuevo regulador, se suprime la capacidad del Parlamento de modificar las reglas de juego y se suprime el derecho del regulador a “dirigir” la manera en que se publican las notas de rectificación.

La maniobra, que constituye un reto directo a la autoridad del primer ministro y un desafío a los tres grades partidos, cuenta con el apoyo específico de cuatro grandes grupos editoriales: News International (editora entre otros de The Times y The Sun), Telegraph Media Group, Associated Newspapers (Daily Mail), Trinity Mirror y Express Newspapers. Ni The Guardian ni The Independent se han sumado a la iniciativa, pero tampoco la han rechazado frontalmente y podrían acabar dando su apoyo, quizás negociando algunos de los términos de la propuesta.

Los impulsores del nuevo modelo de autorregulación sostienen que su propuesta conserva la esencia de la Cédula Real propuesta por el Gobierno, pero sin la injerencia política que a su juicio amenaza 300 años de libertad de prensa.

La reacción del Gobierno y de los partidos políticos ha sido cauta, limitándose a recordar que hay un acuerdo de las tres grandes formaciones para poner en marcha un nuevo sistema de regulación y que lo importante es que este empiece a funcionar cuanto antes. Sin embargo, el grupo de presión Hacked Off, que representa a muchos de los personajes que fueron espiados por el tabloide News of The World, el escándalo que acabó forzando la reforma del sistema de autorregulación de la prensa, ha puesto el grito en el cielo.

Los diarios proponen también que el nuevo regulador se cree a través de una Cédula Real y mantienen algunos de los aspectos más destacados de la propuesta del Gobierno, que se basa en las conclusiones a las que llegó el juez Leveson tras llamar a declarar a cientos de testigos entre afectados por las escuchas y representantes de la prensa. Entre los aspectos que se mantienen figura el hecho de que el regulador se apoye en una Cédula Real que garantice su independencia frente a industria y políticos, la posibilidad de imponer multas de hasta un millón de libras (1.186.000 euros) por las infracciones más graves o el derecho del regulador a investigar las quejas contra la prensa. Y añade la posibilidad de que el público participe en la creación del código de buenas prácticas de diarios y revistas.

Sin embargo, modifica la propuesta del Gobierno en aspectos cruciales. El más polémico es el hecho de que los diarios sí podrán estar representados directamente en los órganos de gestión del nuevo regulador, incluidos los directores de los diarios. Los futuros cambios en la regulación, que el Gobierno deja en manos del Parlamento con el apoyo de dos tercios de la cámara, quedarían ahora sujetos al acuerdo unánime de un llamado “panel de reconocimiento”, del consejo de administración del regulador y de la propia industria. Además, el regulador no tendrá derecho a “dirigir” cómo se publican las rectificaciones, aunque sí podrá “requerir” su publicación.

El Gobierno y los partidos deben ahora decidir cómo afrontan la maniobra de los grandes diarios. Si buscan una solución intermedia y pactar un sistema que tenga el apoyo de la industria, será acusado de rebajarse ante la presión y desoír las recomendaciones del juez Leveson. En teoría pueden no hacer nada. Su propuesta incluía la posibilidad de que cada diario decida si se adhiere o no al sistema de regulación, con el condicionante de que los que no lo hagan se arriesguen al pago de “sanciones ejemplares” por sus abusos. Pero un sistema que excluye a la inmensa mayoría de la prensa (y a todos los que suelen abusar) es en sí mismo inútil. Y el concepto mismo de “multas ejemplares” solo a los que no se acojan a un sistema voluntario suscita considerables dudas sobre su legalidad.