La defensa de María Julia Alsogaray planteó la prescripción de la causa y dos nulidades. Según su abogada, Pamela Biserier, los cargos no "dan ni para un sumario administrativo".
Alsogaray es juzgada por presuntos hechos de corrupción y a raíz de contrataciones irregulares cuando estaba al frente de la Secretaría de Recursos Naturales en 1996.
“Esta causa tiene un alto grado de politización y creo que no da ni para un sumario administrativo”, denunció Biserier ante el Tribunal Oral Federal 6 en sus alegatos, en los cuales planteó la prescripción de la causa por el paso del tiempo, a la vez que presentó dos pedidos de nulidad.
En sus palabras ante el Tribunal Oral Federal 6, Biserier responsabilizó de alguna forma a los jueces por el paso del tiempo y negó que Alsogaray haya buscado la prescripción o haya sobreactuado su estado de salud para dilatar el proceso.
“La señora supuestamente no se enfermó, sino que hace más de un año que presentó un certificado por esta dolencia”, recordó la letrada, quien incluso agregó que la ex funcionaria fue revisada el jueves por una médica de la Procuración General de la Nación que constató ese estado de salud, y luego recordó que el viernes fue internada en el sanatorio Otamendi.
A raíz del paso del tiempo, Biserier pidió la absolución por la prescripción.
También planteó dos nulidades sobre dos audiencias que tuvieron lugar días atrás; una de ellas ocurrió el lunes pasado en el living de la casa de Barrio Norte donde habita Alsogaray.
En esa audiencia, la defensa denunció la falta de publicidad del juicio, y se quejó de que Alsogaray fue indagada “bajo una presión inusual”.
Biserier dijo luego que el fiscal Mauricio Viera no logró fundar la acusación, y negó que haya algún perjuicio por los actos de Alsogaray, a quien se acusa de contrataciones irregulares, al ser directas, de una empresa y particulares para que realizaran la difusión del Plan Nacional de Manejo del Fuego en 1996.
El lunes, el fiscal Viera había pedido la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación de ocho para ejercer cargos públicos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
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