Este jueves se reinicia el juicio contra tres represores de la dictadura en San Lorenzo y la expectativa de las organizaciones de derechos humanos estará puesta en el pedido de unificación de causas que realizará la fiscal federal Mabel Colalongo, por el cual puede llegar a suspenderse el proceso. Los espacios por la Memoria, la Verdad y la Justicia y Juicio y Castigo Rosario convocan a llenar la sala para “respaldar el pedido de unificación”.
En un comunicado de prensa, la espacios que nuclean a familiares de desaparecidos del cordón industrial y a organismos de derechos humanos de Rosario plantearon su “apoyo al pedido de unificación que realizará la fiscal”, ya que “es un reclamo que venimos haciendo desde antes del comienzo de la causa”, e invitaron a “llenar la audiencia” de este jueves “para dejar en claro al tribunal nuestro pedido”.
La fiscal federal Mabel Colalongo anticipó que este jueves solicitará formalmente en la audiencia, en el marco de las “cuestiones preliminares”, la acumulación de la causa Casado con el resto de los hechos ocurridos en San Lorenzo durante la dictadura.
Para Colalongo, mantener la fragmentación de las causas “mantiene la impunidad”, ya que impide conocer la trama complicidades entre la dictadura y las empresas del cordón industrial, como Somisa, Acindar, Molinos Río de la Plata y Bunge y Born.
"Mi planteo es: estamos negando verdad. Qué verdad le ofrecemos a Casado, la víctima de este juicio. La misma verdad que le negamos a todos los restantes desaparecidos", se preguntó esta mañana la fiscal en declaraciones radiales.
En este marco, explicó que este jueves “la audiencia se va a iniciar con las medidas preliminares, y que desde la fiscalía pedirá "la suspensión hasta tanto se acumulen las restantes causas", porque "llevar este juicio adelante implica una violación a los pactos, convenios y a lo que se viene sosteniendo".
En el juicio están imputados el teniente coronel (re) Rubén Osvaldo Cervera y el capitán (re) Horacio Hugo Maderna, jefe y subjefe del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán en 1976, respectivamente, y el abogado Pedro Alberto Rodríguez, ex asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar.
También estuvo imputado el comandante del II Cuerpo del Ejército durante la represión, Ramón Genaro Díaz Bessone, pero fue “declarado inhábil para este juicio” por razones de salud.
Los tres están procesados por privación ilegítima de la libertad, tormentos, amenazas y violencia contra el ex secretario general del Sindicato de Municipales de la localidad santafesina de San Lorenzo, Manuel Casado, y llegarán a las audiencias en libertad luego de ser excarcelados.
El dirigente sindical, que en 1976 militaba además en la unidad básica Sabino Navarro de San Lorenzo, es la única víctima en el expediente.
Según la investigación, el 24 de marzo de 1976 Cervera asumió como interventor de la Municipalidad de San Lorenzo y conservó su lugar como jefe el Batallón 121 de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán, mientras que Maderna fue designado secretario de Gobierno municipal.
Pedro Rodríguez, alias Pili, que se desempeñaba como asesor jurídico del municipio en democracia, mantuvo su puesto tras la interrupción del orden constitucional y fue nombrado director de Asuntos Jurídicos de la intervención de facto, explicó Feldman, que patrocina a Casado.
De acuerdo al expediente, Casado fue secuestrado el 25 de marzo en el centro de San Lorenzo y estuvo detenido a lo largo de diez días en un lugar que no pudo reconocer, para luego ser “blanqueado” en la Jefatura de Policía de San Lorenzo.
El Lobo mendocino, ya eliminado, recibe a un Halcón que está obligado a ganar para seguir soñando con los octavos de final.