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Javier Roca —padre de Martín Roca, estudiante que desapareció en 1993 tras ser detenido por miembros del Servicio de Inteligencia de la Marina, durante el gobierno de Alberto Fujimori— participó el pasado viernes en una protesta frente al ministerio de Justicia en Lima. Quince activistas y familiares de asesinados y desaparecidos en ese período formaron la frase ‘No al indulto’ con cada letra impresa en las camisetas blancas que vestían. La constancia de Roca en buscar justicia para su hijo se mezcla con la tristeza propia de su pérdida. Como él, decenas de familias fueron víctimas de las operaciones indiscriminadas en la lucha contra la subversión de Sendero Luminoso entre 1992-2000, cuando el gobierno de Fujimori creó un grupo paramilitar. Dado que en Semana Santa suele haber anuncios de gracias presidenciales, el grupo reiteró su posición contra la liberación del exmandatario peruano. En octubre, los hijos de Fujimori hicieron la solicitud de la gracia, alegando las enfermedades que padece, e incluso, mostrando fotos de lesiones en su lengua.

La noche del domingo, un programa de América Televisión divulgó el informe presentado por la junta médica a la Comisión de Gracias Presidenciales, colegiado del ministerio de Justicia que debe entregar su opinión al jefe de Estado, Ollanta Humala, para que éste tome una decisión. Expertos indican que el criterio de la Comisión no es vinculante, es decir, el presidente podría decidir en sentido contrario. Los doce médicos indican que Fujimori “no registra evidencia actual de cáncer de lengua o displasia”. El expresidente ha tenido cinco cirugías en la cavidad oral desde la década de los noventa, debido a lesiones cancerosas o leucoplasias.

Acerca de la depresión que sufre Fujimori, no hay consenso entre los psiquiatras: tres de ellos indican que tiene un cuadro de “depresión severa con riesgo suicida”, en tanto que otros dos solo encuentran un “episodio depresivo moderado”.

En enero de este año, una encuesta de Datum Internacional indicó que un 49% cree que el presidente Ollanta Humala no dará el indulto, mientras que un 58% estaría a favor de otorgarlo; once puntos más que en diciembre.

Fujimori está recluido en el Perú desde 2006 en instalaciones policiales, cuando fue extraditado de Chile, donde permaneció casi medio año. En mayo de 2009, la justicia peruana le impuso una pena de 25 años de prisión por la matanza de 25 personas en Barrios Altos (Lima) y en la universidad nacional La Cantuta, además del secuestro de un empresario y del periodista Gustavo Gorriti.

El preso cumple su pena en una casa que cuenta con un despacho, cabina telefónica y un taller de pintura. Además puede circular libremente por un área de unos 10.000 metros cuadrados, de jardines y una huerta que él mismo cultiva. Además, sus familiares y correligionarios pueden entrar a cualquier hora al lugar de reclusión y quedarse el tiempo que deseen.

“El informe, la interpretación, coge parcialidades, no el todo. Está en un período silente de la enfermedad”, dijo el domingo el médico personal de Fujimori, el congresista Antonio Aguinaga, exministro de Salud en los años 90.

Por su lado, el abogado del preso, César Nakasaki, declaró que el indulto humanitario “nunca se pidió por enfermedad terminal. La solicitud de indulto es por enfermo no terminal, y por la concurrencia de tres enfermedades: cáncer recurrente y crónico, actualmente no presente, depresión severa, e hipertensión arterial”.

Según la ley peruana, las condiciones que justifican el indulto humanitario son: padecer enfermedades terminales, o padecer enfermedades terminales no graves que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, o que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo la salud y la vida. La decisión que tome el presidente Humala, coinciden los analistas, será tomada principalmente de acuerdo a cálculos políticos y no médicos. El fujimorismo es la segunda fuerza política en el Congreso.