El gobernador Antonio Bonfatti firmó el decreto que establece un régimen de ascensos por concurso para el personal policial. De esa manera, quedó derogado el Régimen de Promociones Policiales de 1992, basado en juntas de calificaciones integradas exclusivamente por personal policial.
“Me parece sumamente importante que no haya más juntas de calificaciones donde los mismos policías disponían los ascensos, sino concursos en los que intervienen jurados integrados por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Educación, la Corte. También habrá dos representantes de los policías, uno de ellos elegido por sus pares y el otro designado por el Jefe de Policía de la provincia. Es decir, vamos hacia a un mecanismo mucho más transparente donde hay un reconocimiento al mérito; no un reciclaje del funcionario policial”, remarcó Bonfatti, en el acto de inauguración de una comisaría en el barrio Barranquitas Oeste, en la ciudad de Santa Fe.
El nuevo régimen busca garantizar el principio constitucional de idoneidad y el mérito como fundamento para los ascensos. El objetivo es jerarquizar al personal policial, valorando los esfuerzos en la capacitación y profesionalización dentro de las fuerzas para lograr mejores condiciones de mérito.
A la vez, los concursos dotarán de mayor transparencia a los ascensos en la medida que los jurados estarán integrados, además, por miembros externos a la institución policial, mientras que su composición apunta a contar con una mirada interdisciplinaria.
Los jurados estarán conformados por un representante del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y un funcionario policial de dirección de jerarquía superior a la del postulante a propuesta del Jefe de Policía y un representante del personal policial en actividad elegido entre sus pares. Están previstas conformaciones diferentes para los jurados según se realicen concursos para rangos superiores, intermedios e iniciales.
El Poder Ejecutivo establecerá el número de vacantes por grado a cubrir, mientras que el Ministerio de Seguridad será el encargado de dictar anualmente una o más resoluciones llamando a los concursos de antecedentes y oposición para cubrir las vacantes.
El proceso de selección comprende las siguientes etapas sucesivas:
>> Evaluación de antecedentes.
>> Examen de oposición.
Será requisito aprobar la primera de las instancias para pasar a la segunda.
Podrá participar personal:
>> de la jerarquía inmediata anterior a la que se concursa;
>> que acredite el cumplimiento del requisito de tiempo mínimo cumplido previsto en el Anexo II de la Ley del Personal Policial;
>> que acredite haber cumplimentado satisfactoriamente con los exámenes de aptitud psicofísica, habilitantes para participar en el concurso;
>> que no esté alcanzado por las causales de inhabilitación previstas en la Ley del Personal Policial.
DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES NO PENALES DE LAS COMISARÍAS
Bonfatti también firmó el decreto que autoriza a los municipios y comunas de la provincia, a los Centros Cívicos de las cinco regiones provinciales (dependientes del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado), a los Registros Civiles (dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y a los Juzgados Comunitarios de las Pequeñas Causas (que a la fecha prestan funciones del Registro Civil), a expedir el certificado de declaración de domicilio (conocido como “certificado de vecindad”) y el certificado de supervivencia .
El propio gobernador anunció que “a partir de abril estos certificados que la población necesita de manera frecuente no se realizarán más en comisarías. De esta manera cumplimos con otro punto de la ley de Emergencia en Seguridad, que apunta a liberar a los agentes de la Policía de tareas administrativas para que puedan dedicarse a lo que más nos importa, que son las tareas de prevención y persecución del delito”, señaló Bonfatti.
De esta manera, el gobierno comenzó a hacer efectivo el artículo 3º de la ley Nº 13.297 Emergencia en Materia de Seguridad Pública, que dispone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y/o la jurisdicción que estime pertinente, puede articular un sistema de trámites no penales que pueda ser implementado desde otras dependencias estatales, comunales, municipales o provinciales diferentes a las policiales.
De acuerdo a la norma, ese esquema se instrumentará progresivamente a fin de garantizar que su realización en las nuevas dependencias se lleve adelante sin inconvenientes la ciudadanía.
En el caso de los gobiernos locales, el decreto aprobado también prevé un modelo de convenio a suscribir con municipios y comunas del territorio provincial y también un protocolo de actuación y el formulario pertinente para la extensión tanto del certificado de declaración de domicilio como el de supervivencia.
Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico