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En el marco de la pelea, eminentemente política, por lograr la discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal más equitativa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer ayer un informe en el que refuerza, con números, los argumentos en los que basa su reclamo.

El equipo económico de Daniel Scioli, que dirige la ministra Silvina Batakis, sorteó los duros cuestionamientos que surgieron desde el kirchnerismo frente a sus intentos por mostrarse autónomo y volvió a la carga con su pedido por una mayor coparticipación de los impuestos nacionales. El documento insiste en que la cesión de puntos de ese reparto en la década del ‘80, el tope establecido en $ 650 millones del Fondo del Conurbano y la fijación de las transferencias por los servicios descentralizados en los ‘90 “sentaron las bases del déficit estructural que padece la provincia en la actualidad”. El 2012 cerró con un rojo en torno a los $ 7.000 millones.

El documento muestra cómo en los últimos 20 años Buenos Aires fue perdiendo fondos importantes que han generado un progresivo deterioro de las arcas fiscales. Después de la Ciudad Autónoma, la provincia es la jurisdicción que menos recursos per cápita recibe en concepto de coparticipación de impuestos. Mientras el promedio es de $ 5.616 por persona, Buenos Aires recibe $ 1.833, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía bonaerense del 2012.

Uno de los ejes de mayor conflicto es el del denominado “Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense”, creado a principios de los ‘90 para destinarse a obras de infraestructura social justamente en el conurbano. El fondo se creó con el 10% de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias. Sin embargo, en 1995 se estableció un tope de $650 millones a la distribución hacia Buenos Aires para distribuir el resto en las otras jurisdicciones. “Año tras año la participación de Buenos Aires en el Fondo del Conurbano ha ido decreciendo. Como contrapartida, la pérdida por el tope fue en aumento y se prevé que este año supere los $ 15.000 millones, en torno al déficit previsto”, enfatizó el gobierno de Scioli mediante el informe.

También plantea que para 2013 está previsto que 11 provincias reciban más recursos que Buenos Aires en concepto del excedente de este fondo. La que más obtendría es Santa Fe, con $ 1.746 millones, frente a los $ 650 millones fijos que percibe la administración bonaerense. También estarán por encima Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Formosa y San Juan.

Otro de los argumentos que plantea la provincia para justificar el déficit estructural es que mientras que el monto recibido por transferencia de servicios descentralizados representaba, en 1995, el 19% del gasto en educación, actualmente alcanza el 1,3%.

En 1992, el traspaso de los servicios educativos de la Nación a las provincias a través de la Ley 24.049 llevaba implícito el reparto de fondos tendiente al igualitarismo por alumno. Según el informe, en aquel momento la administración nacional repartía los fondos entre las provincias de acuerdo al peso que en el gasto transferido representaba cada jurisdicción. Pero esos montos no fueron actualizados en función de los incrementos salariales, por lo que la provincia resultó altamente perjudicada. Actualmente, Buenos Aires recibe $413 millones por los servicios transferidos, mientras que su costo asciende a más de $3.500 millones.