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Lo que para la Presidenta fue un acuerdo “histórico” con Irán por el atentado contra la AMIA en 1994, para Israel y las principales entidades judías en Argentina –DAIA y la AMIA principalmente–, significa un “retroceso penal” que generó un amplio rechazo. El estado israelí pidió explicaciones a la Presidenta Cristina Fernández y convocó al embajador argentino en Tel Aviv, Carlos García, al Ministerio de Relaciones Exteriores. En Buenos Aires, Dorit Shavit, embajadora de Israel, expresó el “asombro” y “profunda decepción” de su país por un acuerdo en el que se estableció que los sospechosos de haber participado del atentado declaren en Teherán. La embajadora anunció que solicitará una entrevista con el canciller Héctor Timerman. “Apenas se iniciaron los contactos entre Argentina e Irán, solicitamos ser actualizados respecto al desarrollo de las conversaciones. No recibimos ninguna respuesta por parte de las autoridades argentinas”, se quejó.

El título del comunicado fue por demás claro: “Israel decepcionado por el acuerdo entre Argentina -Irán. Así no se hará justicia”.

Como la representante israelí, también las autoridades de la DAIA y la AMIA, que ayer se reunieron, emitieron un comunicado conjunto y solicitaron ser recibidos por el canciller. Timerman se comunicó con ellos y les prometió recibirlos y explicar los alcances del acuerdo. Ambas entidades advirtieron, sin embargo, que “la conformación de una ‘comisión de la verdad’ no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal”. “Ignorar todo lo actuado por la Justicia argentina y reemplazarlo por una comisión que, en el mejor de los casos, emitirá, sin plazo definido, una recomendación a las partes, constituye, sin dudas, un retroceso en el objetivo común de obtener justicia”, afirmaron.

Los familiares de los 85 muertos de la masacre también exigieron explicaciones frente a lo que consideran una “declinación de la soberanía argentina”.

Tanto el fiscal Alberto Nisman –a cargo de la unidad especial para esclarecer el ataque– como el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, al frente de la investigación, se limitaron a señalar que no conocían los detalles del pacto argentino-iraní y dejaron trascender que habrá que esperar si el tema pasa el acuerdo del Congreso.

Julio Schlosser, presidente de la DAIA, respaldó la investigación en Argentina y advirtió: “Tenemos un avance procesal, los imputados prestan declaración indagatoria y ¿después como los traigo?”. En declaraciones al programa “Bajo la Lupa” que se emite por FM Identidad, pidió también al Congreso que modifique “las pautas de este acuerdo por lo menos en lo que sea que no hay comisión internacional que deba emitir dictamen. Porque para emitir un dictamen hay que conocer la causa”.

Schlosser relató que al consultar al fiscal Nisman le respondió que en la causa “falta que los imputados vengan o los traigan, y ya llevamos años. Tenemos un interlocutor que realmente no es confiable, como la República Islámica de Irán, y yo no creo que se avenga a entregar a los acusados en caso de que se los encuentre prima facie culpables de lo que se les imputa.”