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En el marco del escándalo financiero que desencadenó Bolsafe Valores con el presunto desvío de fondos sin autorización de sus clientes, el Juzgado Penal de Instrucción de la 2ª Nominación de Santa Fe a cargo de Nicolás Falkenberg que investiga el ilícito, labró un oficio para que el Banco Galicia, entidad donde estaban alojadas las cuentas, declare qué pasó con el dinero y los bonos desaparecidos.

Le apuntan a los oficiales de cumplimiento de la entidad bancaria, que deben alertar ante cualquier sospecha de desmanejo, situación que en este caso no habría sucedido. “Si la plata no aparece, es el banco con la estructura de profesionales con la que cuenta por Ley, el que debe denunciar maniobras de lavado de dinero”, explicó a punto biz el abogado Enrique Muller, patrocinante de varios damnificados, pero que en este caso solicitó de motus propio el oficio ya que él también fue perjudicado.

Con la instrucción en marcha, la hipótesis sobre complicidad bancaria se acrecienta, al menos para quienes piensan que el ardid era imposible de llevar a la práctica sin el acompañamiento de varios de los actores protagonistas en los procesos de transferencia de activos. “Resulta llamativo que el Galicia no presentara ningún Relevamiento de Operación Sospechosa (ROS), documento que se elabora en este tipo de casos, y sirve para deslindar responsabilidades si se descubren maniobras de lavado de dinero”, explicó Muller, en relación a la función que realizan los oficiales de cumplimiento para defender los intereses de la banca privada.

El oficio solicitado por el abogado fue presentado al fiscal Carlos Rolando interviniente en el procesos que dio lugar al planteo y lo giró al juez Falkenberg para que lo ejecute. “El banco ya está notificado. Entró justo antes de la feria de verano”, sumó Muller. Si bien todavía un fue decretado, también presentaron un pedido de oficio contra la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo nacional encargado de supervisar a los bancos y quien además lleva un registro de oficiales de cumplimiento de cada entidad.

“Si bien hay que aguardar por el resultado de las investigaciones, uno piensa en el importante grado de responsabilidad del Banco Galicia en estas maniobras”, planteó Muller. El tema se destapó tras la una denuncia de desaparición de los dineros de la quiebra de la firma Tool Research SA, puestos en una cuenta comitente de Bolsafe Valores y que al día de hoy aun no aparecen. Lo mismo habría ocurrido con títulos y pesos de más de 80 clientes de la empresa en Santa Fe y provincias vecinas. Por los desmanejos está procesado el presidente de la compañía, Mario Rossini.



Con el tema en la portada de los grandes medios de la región, no tardaron el salir a la luz muchos perjudicados que se sorprendieron al ver que gran parte de sus ahorros habían desaparecido. En la ciudad cordobesa de San Francisco por ejemplo, serían varios los damnificados que habrían confiado en Bolsafe, que en dicha localidad operaba en alianza con el contador Eduardo Bailo, un profesional ya investigado por procedimientos ilegales.

Según sindica el periódico El Tiempo de San Francisco, el referido contador Eduardo Bailo viene siendo investigado desde meses atrás al igual que su padre, Mateo y un operador cerealero de la zona por presuntas maniobras de evasión fiscal violando la ley penal tributaria, así como posibles manejos de lavado de fondos espurios surgidos de la evasión de referencia. Precisamente por estar inmiscuido en esta investigación de la Afip con la UIF, el contador Bailo habría extremado las medidas financieras en las últimas horas para despegarse totalmente de la estafa de Bolsafe en la ciudad de Santa Fe.

Los abogados santafesinos Fabio Mudry y Leandro Corti además, solicitaron el lunes que sus representados -en su mayoría familiares de presos políticos y víctimas de la ultima dictadura militar que habían invertido parte del dinero de sus indemnizaciones en Bolsafe- se incorporen como querellantes en la causa. El pedido todavía no fue contestado.