Lt 10

Mal que le pese al Gobierno, el predio de exposiciones de Palermo es propiedad de Sociedad Rural (SRA). Al menos así lo entendió la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que hizo lugar a la cautelar y habilitó la feria para tratar la cuestión de fondo en torno a la quita de esas hectáreas que había dispuesto por decreto el Gobierno. A pesar de eso, el oficialismo apelará la medida, buscará cambiar de fuero el asunto y hasta analiza presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

Según se desprende del fallo que los camaristas de feria firmaron el último viernes, y que la SRA difundió ayer, la entidad presidida por Luis Etchevehere es “la propietaria” del predio.
Los jueces Graciela Medina, Francisco de las Carreras y Ricardo Guarinoni consideraron que “resulta verosímil sostener que la propietaria del predio ferial de Palermo es la SRA, según surge de la escritura del 27 de mayo de 1992, otorgada ante el Escribano General de Gobierno de la Nación”.

“No se puede soslayar que existe un riesgo cierto de que, en el supuesto de que no se habilite la feria judicial, se frustre el derecho de propiedad que invoca la actora tanto en la pretensión de fondo cuanto en el pedido cautelar denegado (en primera instancia)”, indicaron los magistrados. Según los camaristas, el Estado nacional “carecería, en principio, de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de 20 años por un acto unilateral”. Y sostuvieron esa postura “aun cuando el precio hubiera sido ’vil’ como el Poder Ejecutivo sostiene”. “El Estado debería recurrir a la vía judicial para dejar sin efecto el acto que considera lesivo”, se planteó en el fallo. Mientras ello no se realice, “el titular registral goza de todos los derechos que le confiere el dominio”.

Así, la Cámara dejó sin efecto el decreto 2552, por el que el gobierno de Cristina Fernández anuló la venta del predio que se había hecho durante el gobierno de Carlos Menem y por el que pretendía que SRA dejara el predio a más tardar el próximo domingo 20.
Al suspender los efectos del decreto, los jueces puntualizaron que ’la urgencia es evidente ante la posibilidad de que órganos de la administración despojen a la SRA de la propiedad que le fuera vendida por escritura pública sin indemnización, sin juicio y sin devolución previa de lo pagado ni de lo invertido, y sin juicio’.

En cuanto a las cuotas impagas, la Cámara recordó que el 15 de agosto último la SRA inició una acción declarativa de certeza para determinar el dinero que le debía pagar al Estado por la compraventa y “cuáles son los parámetros que deberán utilizarse para su cálculo”. Ese planteo de fondo aún no fue resuelto, pero la sala de feria le reconoció “clara relación con la medida precautoria peticionada” de suspender los efectos del decreto. La venta del predio fue pactada a u$s 30 millones y ese total debería haberse saldado en marzo de 2004, pero existió una “negociación sobre el saldo” entre el Estado y la SRA en 2005.
Se espera ahora que el Gobierno pida la incompetencia del fuero Civil y Comercial para intentar que la causa pase al Contencioso Administrativo Federal, ya que en el Ejecutivo consideran que el decreto que quita del predio es un acto administrativo, y eso es lo que la Rural impugna.