Pese a que en los últimos meses proliferaron opiniones que expresan una “preocupación” sobre la posibilidad de que los Estados regulen Internet aplicando pautas que pudieran coartar la libertad de expresión, durante 2012 los principales censores de la Web fueron las grandes compañías discográficas y de la industria del cine, las mayores titulares de contenidos protegidos con derechos de autor.
La presión de los internautas (y de algunas grandes compañías que, como Google, se benefician de la libre circulación de los archivos) hizo que proyectos como PIPA, OPEN y SOPA -que a comienzos de año se esgrimieron como soluciones necesarias para "combatir la piratería" en Internet- no lograran ser aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, de alguna forma la industria del entretenimiento audiovisual logró salirse con la suya.
Para ello, el sector puso en pausa el debate legislativo y trasladó el eje de su acción hacia un terreno más práctico: Google (y otras empresas, aunque ninguna tan masivamente utilizada).
Pese a que uno de los réditos de la compañía consiste en permitir y facilitar a sus usuarios/clientes el intercambio de archivos, el gigante de la web accedió a eliminar el 97 por ciento de lo solicitado, obligado por la Ley Estadounidense de Protección de los Derechos de Autor (DMCA), de 1998.
Las solicitudes de eliminación de contenidos generadas por los titulares de derechos de autor aventajan de forma significativa a las elevadas por los gobiernos y demás instituciones públicas, que durante la primera mitad del año (los últimos datos brindados por Google para las solicitudes gubernamentales son del 30 de junio) sumaron entre todos los países sólo 1791.
(El mapa muestra las solicitudes de eliminación que cada país envió desde instancias judiciales, el poder Ejecutivo, la policía y otras intituciones públicas; muestra también la cantidad de elementos a eliminar presentes en el conjunto de solicitudes)
El Informe revela que el ranking de solicitudes de eliminación de contenidos está liderado por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés). Esta asociación que, entre otras compañías nuclea a EMI, Sony Music, Universal y Warner, pidió durante 2012 que se eliminen 7.816.766 URLs pertenecientes a 2.640 dominios.
Según aclara Google, “cada solicitud puede especificar varias URL, y varias URL pueden contar con el mismo nombre de dominio”.
En tercer lugar se ubica la gigante Microsoft, que solicitó la baja de 6.156.927 URLs pertenecientes a 44.474 dominios.
Del otro lado, la plataforma de archivos Files Tube es la que contiene más URLs en supuesta infracción, con 2.273.280. La siguen los sitios de descarga torrenthound.com y fenopy.eu, con 1.005.012 y 973.096 respectivamente.
Suele suceder que no todas las solicitudes son correctas, lo que en ocasiones lleva a eliminar de los resultados del buscador links hacia sitios con contenidos legítimos. “En ocasiones, podemos recibir solicitudes de eliminación de derechos de autor inexactas o injustificadas para resultados de la búsqueda que claramente no están vinculados a contenido infractor”, señala el Informe.
“Cuando es factible y legal, hacemos todo lo posible por notificar a los usuarios para darles la oportunidad de que envíen una reclamación contra la notificación en respuesta a las solicitudes de eliminación por derechos de autor”, aclara.
De todas maneras, obligado por la DMCA, cuando recibe una solicitud correctamente cargada en este formulario, Google da de baja el contenido en cuestión. El reclamo es a posteriori. “Si los webmasters creen que un vínculo a su sitio se eliminó por error debido a una solicitud presentada en su contra, pueden enviar unformulario de reclamación contra la notificación, y Google podrá restablecer el vínculo", explica el Informe.
El Informe de Google es un ejemplo de gestión transparente, digno de imitar tanto por empresas como por Estados, y que muestra cómo los poseedores de derechos de autor -y no los Estados nacionales- lograron durante 2012 dar de baja millones de contenidos supuestamente en infracción con un simple requerimiento.
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