Panamá notificó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) un pedido de consultas con Argentina ante lo que considera discriminación comercial por parte de la Casa Rosada. Este es el primer paso del proceso de disputas de este organismo y pone en marcha un proceso que puede demorarse años hasta su solución final.
Fuentes diplomáticas informaron a la agencia de noticias Efe de que la queja tiene que ver con una supuesta discriminación en ciertas medidas que Argentina aplica en el comercio de bienes y servicios panameños. De acuerdo al Gobierno panameño, afecta a los impuestos, el registro de empresas, la repatriación de beneficios y las actividades de suministradores de servicios financieros.
La queja de Panamá es la octava que involucra a Argentina desde mayo, la misma cantidad de disputas que se presentaron en la OMC globalmente durante todo el 2011. La Unión Europea (UE), Estados Unidos, Japón y México plantearon consultas en relación con supuestas restricciones al comercio por parte de Argentina, mientras que el país hizo lo propio contra la UE y Estados Unidos (por dos causas diferentes).
Se abre ahora un plazo de 60 días para que las partes intenten solucionar sus diferencias, al término del cual, si no hay acuerdo, los demandantes tienen la opción de solicitar en la OMC la constitución de un panel de expertos que arbitre en la disputa.
Estas fricciones nacen de políticas de importación vistas por los demandantes como proteccionistas y contrarias al libre comercio. Una cuarentena de países se han manifestado, de una manera u otra, contra las licencias no automáticas y otras medidas que la Casa Rosada impone a algunas importaciones.
Los gobiernos critican que sus exportaciones al país se han reducido por este motivo, algo que Buenos Aires rebate asegurando que las importaciones procedentes de esos Estados se han incrementado sustancialmente en el último año, muy por encima de las exportaciones argentinas en sentido inverso.
Las licencias no automáticas son el paso legal necesario para la importación de productos al país y, según las reglas de la OMC, el procedimiento administrativo para conseguirlas debería ser transparente, sencillo y predecible, incluso facilitando su concesión rápida y automática en determinados casos. La acusación contra Argentina es que todos los productos que importa ese país están afectados en la práctica o implícitamente por el requisito individual de la licencia para su importación.
Se embiste, además, que las licencias que concede Argentina forman parte de una política de "equilibrio comercial", exigiendo a los exportadores la condición de que el importador adquiera el derecho automático a exportar o invertir en la producción local. Argentina rechaza las acusaciones y las considera carentes de objetividad y motivadas políticamente.
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