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Después de recibir dos duros golpes en cuatro días, la extensión de la medida cautelar que frustró el 7D y el rechazo de la Corte al per saltum, el Gobierno tuvo al fin un respiro en su batalla contra el Grupo Clarín por la Ley de Medios. El fiscal Fernando Uriarte dictaminó que todos los artículos de norma son constitucionales, incluidos los 41, 45, 48 y el 161 de la desinversión, cuestionados por el multimedios. De esta manera, a ojos de la Casa Rosada, se abrió la puerta para el juez Horacio Alfonso, que tiene el expediente a su cargo, termine emitiendo un fallo en su favor en primera instancia, lo que eliminaría la barrera jurídica que frena la aplicación de la norma.

“El juez suele seguir los pasos del fiscal”, se emocionaron en un despacho ministerial. Es la primera caricia judicial que recibe la Rosada desde la embestida oficial contra la Justicia, que impulsó la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado domingo frente a una Plaza de Mayo colmada de militantes.

El calendario marca que ahora Alfonso tiene un plazo de cinco días para notificar a las partes y recibir objeciones. Y después correrán 40 días en los que el magistrado deberá decidir la cuestión de fondo, lo que podría marcar un antes y un después en la encarnizada pelea. El próximo paso según marca el manual procesal: la apelación de Clarín o la del Gobierno. Por lo que la puja judicial se extenderá hasta el año próximo cuando la Corte Suprema tenga la última palabra.

Con ese cronograma en la cabeza, el oficialismo sueña con festejar el 7D en cualquier momento antes de fines enero. “En ese plazo no corren feriados, fines de semana ni vacaciones”, aseguraron en el Ministerio de Justicia.

En el Afsca ya tienen preparado un plan B al fallido 7D. Según fuentes del organismo, Martín Sabbatella tiene decidido su primer paso ante la eventual caída de la cautelar que protege a Clarín. “Ante un fallo en primera instancia a favor, inmediatamente procederíamos cómo pensábamos hacerlo el lunes”, confiaron fuentes del organismo. Considerando todos los plazos vencidos, sin aviso, el Afsca iniciaría la transferencia de oficio, por lo que el Grupo Clarín no tendría tiempo de gracia para presentar su plan de adecuación.

Las posibilidades en danza: se le notifica de inmediato al Grupo de un plazo de horas para presentar un plan de adecuación o se actúa de oficio sin aviso. Como viene actuando la Rosada, todo indicaría que aguardaría lo menos posible para lanzar el golpe.
Es la única certeza entre la incertidumbre que reina en el organismo. Luego del duro revés por la extensión de la cautelar, el directorio todavía no concluyó si los demás grupos de medios deben ejecutar ya el plan de adecuación que presentaron o suspenderlos hasta que se resuelva el futuro de Clarín. Con la justificación de que todos tengan “el mismo derecho”, Sabbatella se inclina por lo segundo (ver aparte).

En paralelo, en el otro frente de batalla judicial por la Ley de Medios, como se lo reclamó la Corte al desestimar el per saltum, el Gobierno presentó ayer un recurso extraordinario ante la Cámara Civil y Comercial Federal para revertir la decisión de ese tribunal de prorrogar la cautelar de Grupo Clarín. Ambas pujas transitan caminos jurídicos distintos y ambas tienen su relevancia. Más allá de resolver la cuestión de fondo, por esta vía La Rosada espera llevar a la Corte el debate por el plazo de un año que tendría Clarín para desinvertir según fijaron los camaristas el jueves pasado, al extender la cautelar.

“La resolución de la Cámara no sólo es arbitraria, sino que además tiene vicios graves y autocontradicciones que la invalidan como norma legítima y legal”, se quejó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, luego de presentar el recurso. “Fundamentalmente contradice a la propia Corte que estableció que las cautelares no debían extenderse más”, añadió.
En un tercer frente, Alak confirmó ayer que los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura “están estudiando” iniciar un jury de enjuiciamiento contra miembros de la Cámara que dejaron sin 7D al Gobierno.