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A la pretensión del presidente egipcio, Mohamed Morsi, de terminar la crisis política actual a través de una batalla final en las urnas con sus adversarios le ha salido un difícil obstáculo. Tras una sesión extraordinaria celebrada en El Cairo, el Club de los Jueces, una asociación profesional mayoritaria entre la judicatura, anunció su renuncia a supervisar el referéndum para ratificar la Constitución, aprobada la madrugada del viernes, y que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre. Protestan así los jueces por las últimas decisiones del rais islamista, en especial el decreto que le otorga poderes que le sitúan por encima del Poder Judicial y el blindaje de la Asamblea Constituyente —abandonada por liberales y laicos— que ha aprobado la ley fundamental aprobada el pasado viernes.

“Hemos decidido boicotear la supervisión del referéndum de la Constitución previsto para el 15 de diciembre. La protesta es una respuesta a lo que se viene a llamar declaración constitucional. Y la mantendremos hasta que el decreto no sea retirado”, dijo Ahmed al-Zend, el presidente de la asociación y célebre azote de los islamistas. Las decisiones del Club se adoptan por mayoría, pero no son vinculantes para sus miembros, por lo que corresponderá a cada juez secundar o no la llamada de Al-Zend.

El Club de Jueces ha sido la organización de la judicatura que ha mostrado una mayor hostilidad hacia el decretazo de Morsi desde el primer momento, instando a sus miembros a declararse en huelga indefinida hasta que el jefe del Estado retire el controvertido texto. Aunque no existen cifras oficiales, algunos medios locales han estimado el seguimiento de la huelga en cerca de un 100% para los tribunales de primera instancia, y del 75% para los de apelaciones.

De acuerdo con la normativa vigente, los jueces son los encargados de supervisar tanto las elecciones como los referéndums. Si tenemos en cuenta que en Egipto hay unos 12.000 jueces, y un número parecido de mesas electorales, es fácil concluir que el boicot promovido por el Club necesita solo un seguimiento moderado para impedir la correcta celebración del referéndum.

No obstante, el vicepresidente, el juez Mahmud Mekki, se mostró confiando en que sus compañeros acabarían cumpliendo con su deber. Fuentes próximas a los Hermanos Musulmanes sugirieron al periódico Al-Masry al-Youm que profesores universitarios o funcionarios del Gobierno podrían reemplazar a los jueces en huelga.

Sin embargo, ello proyectaría la sombra de la duda sobre la limpieza y legitimidad de la consulta, y probablemente llevaría a la oposición a boicotearla. Actualmente, los partidos y movimiento laicos se debaten entre hacer campaña por el no, o bien no participar en el referéndum, confiando en que una baja participación deslegitime el entero proceso constitucional.

El anuncio del Club de Jueces llegaba horas después de que el Tribunal Constitucional definiera el domingo como “el día más negro en la historia de la judicatura en Egipto”, después de que centenares de militantes islamistas cercaran la sede del edificio, impidiendo la entrada a los magistrados. El Constitucional, que debía emitir un simbólico veredicto sobre la legalidad de la Asamblea Constituyente, suspendió sus trabajos de forma indefinida.

El conflicto con la judicatura es uno de los dos frentes que tiene abiertos el presidente Morsi en la enésima crisis de la turbia transición egipcia. El otro es de carácter político. Su declaración constitucional y la decisión de acelerar la aprobación de la nueva Constitución sin haber alcanzado un consenso con las fuerzas laicas ha situado a la fragmentada oposición en pie de guerra. Y lo que es peor para el rais, está empezando a dar señales de que podría ser capaz de encontrar una unidad de acción.

Estos grupos, agrupados muchos bajo el paragüas del Frente de Salvación Nacional, ya preparan la próxima movilización. Será el martes frente a las puertas del palacio presidencial. “El Frente Nacional de Salvación condena el acto irresponsable del presidente de la república en convocar a un referéndum sobre una Constitución ilegítima que es rechazada por una gran parte del pueblo”, reza un comunicado de la coalición de partidos.