Lt 10

¿Está llegando la hora de que las agencias calificadoras tengan que responder por su actuación durante la burbuja subprime y su responsabilidad en la crisis financiera? Tras el fallo de la justicia australiana en contra de Standard & Poor’s la semana pasada, muchos analistas creen que las cosas podrían cambiar profundamente si esta condena llegara a replicarse en otros tribunales.Tiene sentido: los inversores que compraron instrumentos financieros securitizados con hipotecas subprime “escondidas” dentro de paquetes de títulos AAA son miles y lo que perdieron por las calificaciones erróneas alcanza sumas siderales.

Ayer una fiscalía de Italia pidió que siete ex y actuales ejecutivos de Standard & Poor’s y Fitch sean juzgados por una serie de rebajas a la nota de la deuda italiana el año pasado, preparando el camino para el primer caso judicial europeo sobre recortes de calificaciones soberanas.

Las justicias estadounidense y europea podrían reveer la forma en que hasta ahora han evaluado el rol de las tres mayores agencias en la crisis subprime.
Como los que pagan las evaluaciones de las agencias son las entidades emisoras de los instrumentos a calificar y no los inversores, desde un primer momento se las señaló por tener un conflicto de intereses.

Ahora bien, ¿en qué medida el fallo en Australia puede cambiar las cosas? Para Norbert Gaillard, asesor del Banco Mundial y autor del libro “Las Agencias Calificadoras”, “asistimos a un momento bisagra en materia de responsabilidad de las agencias de calificación. Por un lado, se las acusa de no haber puesto todos los medios a su disposición para evaluar correctamente la calidad de un crédito. Pero por otra parte, también se las considera responsables de haber otorgado calificaciones que no reflejaban la realidad”.

De hecho, el informe publicado por el Senado de EE.UU. en 2011 sobre este tema advirtió que tanto S&P como Moody’s no habían invertido lo suficiente en materia de programas informáticos para medir el riesgo crediticio, que tenían un déficit de personal crónico, que enfrentaban conflictos de intereses y que los mismos analistas no creían muchas veces en las calificaciones que otorgaban.

Si bien ya existen numerosas demandas en EE.UU. y Europa en contra de la actuación de las agencias durante la crisis, hasta ahora la justicia había avalado la argumentación de que se trataba de “opiniones” y que por lo tanto no podían generar una responsabilidad jurídica de las calificadoras. Además, en EE.UU. los jueces siempre defendieron el principio de la “libertad de expresión”. Asimismo, tanto en Europa como en EEUU, la parte acusadora tiene que demostrar que hubo intención de engañar, lo que resulta difícil. El fallo australiano podría acelerar las cosas, puesto que IMF Australia, el estudio de abogados que financió la demanda colectiva de los municipios australianos, anunció que va a presentar la misma querella ante los tribunales holandeses, sede del ABN AMRO, pero también en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Austria.

“Todas esas jurisdicciones reconocen el concepto de deber de prudencia y de presentación deformada que le valieron la condena a S&P en Australia”, afirmó John Walker, director de IMF. Habrá que ver entonces si se da este cambio de jurisprudencia que temen las agencias. Si bien la condena en Australia implicó un monto reducido, hay inversores institucionales como los fondos de pensión estadounidenses que podrían reclamar sumas astronómicas.
El fondo Calpers ya inició demandas contra S&P y Moody’s en tribunales de California y la Securities and Exchange Commission lleva adelante una investigación iniciada en septiembre de 2011 por los mismos motivos que el fallo australiano. Los analistas creen que para las agencias, un cambio de esta envergadura las obligaría a rever todo su modelo de negocios. Los inversores ya tomaron nota: en la última semana, la acción de McGraw-Hill, propietaria de S&P, cayó un 10% en Nueva York.