La decisión que tomó el viernes el juez neoyorquino Thomas Griesa sobre la deuda en default descolocó al gobierno argentino, que por estas horas comienza a reconfigurar su estrategia para la presentación por escrito que deberán realizar todas las partes involucradas el viernes de esta semana ante la Justicia de EE.UU.
La apuesta de la administración de Cristina Fernández de Kirchner pasa por lograr que los argumentos de bancos y bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 –que podrían verse potencialmente damnificados por la aplicación de la cláusula de “Pari Passu” (igualdad en el tratamiento a todos los acreedores)– logren disuadir al magistrado, en vista de su impacto sobre el sistema financiero estadounidense y sobre el resto de tenedores de bonos que aceptaron la propuesta argentina años atrás, de su fallo original.
El Gobierno se juega todo a los argumentos que presentarán esta semana ante Griesa el denominado “Grupo de Bonholders” (tenedores de bonos) –integrado por los 15 principales fondos de inversión que entraron a los canjes de deuda– y los representantes del sistema financiero estadounidense, como el Clearing System y la Asociación que nuclea a los bancos fiduciarios (trustees) de EE.UU. A ellos se sumará, claro, el Bank of New York (BONY), que funciona como fiduciario de los pagos de la deuda de la Argentina en los Estados Unidos.
El viernes último el juez Griesa se reunió en Nueva York con los abogados de la Argentina (el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton), los representantes legales de los holdouts (acreedores que no entraron al canje, entre ellos algunos fondos buitres), los bonistas que aceptaron la oferta argentina años atrás y el BONY. Fue para escuchar sus argumentos y anunciarles los próximos pasos a seguir. Allí les dijo que el viernes de esta semana deberán presentar sus posturas por escrito y se comprometió a elevar a la Cámara de Apelaciones (que dos semanas atrás avaló el fallo de Griesa) un plan de pagos de la deuda en default, para que este tribunal tome la decisión final, antes del 2 de diciembre. La fecha no es antojadiza, dado que ese día la Argentina debe realizar un desembolso u$s 85 millones por el título denominado Global 2017, mientras que el 15 de diciembre tendrá que desembolsar u$s 3.200 millones por el cupón atado al PBI.
La apuesta de la Argentina pasa por lograr que el juez considere las implicancias que tendría su fallo para los bondholders y bancos que deben recibir los pagos del país y luego abonar a los acreedores. En particular, el riesgo para los tenedores de bonos es que si la operación es embargada, queden sin cobrar total o parcialmente. Y para los fiduciarios –el principal es el BONY– quedar expuesto a una sanción judicial o juicios por parte de los acreedores.
Tras conocerse el fallo del viernes, el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, destacó que Griesa “no hizo lugar al pedido de uno de los fondos buitres (NML) de resolver de forma inmediata la orden”. Y subrayó la importancia del mantenimiento de la suspensión de todas las medidas: “El juez Griesa confirmó que sigue vigente el ‘status quo‘ y la suspensión de la medida, hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión”, afirmó.
Entre los fondos de inversión que entraron a algunos de los canjes de 2005 y 2010 –y que apoyan a la Argentina ante Griesa– se encuentran Gramercy y Fintech. Este último es propiedad de David Martínez, quién es socio minoritario de Cablevisión.
La demanda contra la Argentina fue iniciada por los fondos buitre NML-Elliot (el mismo que logró embargar la fragata Libertad en Ghana), Dart, Blue Angel y otros, junto a una docena de ahorristas individuales. Es por u$s 1.333 millones, de los aproximadamente u$s 6.000 millones que se estima siguen en manos holdouts.
El Tatengue le ganó a La Lepra por 2-1 en el Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. Brahian Cuello y Cristian Tarragona, los goles del conjunto de Leo Madelón. Descontó Fabrizio Sartori.