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Jueves 08 de Noviembre de 2012 - 00:55 hs
La CC-ARI llamó a un acuerdo por la seguridad democrática
Coalición Cívica ARI brindó una conferencia de prensa refiriéndose a la situación de la seguridad ciudadana en la provincia de Santa Fe. Al respecto, la fuerza llamó a construir un acuerdo político y social por la seguridad democrática y la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
Estuvieron presentes Ariel Bermudez, diputado provincial y Presidente de la Coalición Cívica ARI en la Provincia Santa Fe; Noelia Chiementín, Concejala de la ciudad de Santa Fe y Vicepresidente de la Coalición Cívica ARI Provincial; Susana García Diputada Provincial y Jefa del bloque de la Coalición Cívica ARI y Franco Ponce de León, presidente de la Coalición Cívica ARI en el departamento La Capital.
Bermudez afirmó que “… la CC-ARI cree, ante todo, en el sistema democrático vigente, en la posibilidad de opinar diferente y que el disenso sea un bien social y no solo factor de conflicto, pero también sabemos que hay momentos en los que es absolutamente imperioso establecer consensos y políticas de delineamiento conjunto”. En tal sentido, continuó: “consideramos imprescindible constituir una mesa de trabajo capaz de impulsar medidas, leyes y políticas, atinentes a las áreas de reforma judicial, policial, políticas sociales y anticorrupción”.
Seguidamente, Chiementin informó que el documento fue enviado al gobernador Antonio Bonfatti, al presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Maria A. Gastaldi, a los presidentes de los partidos políticos oficialistas y opositores de la provincia, a las Universidades locales y a múltiples organizaciones sociales que conforman el Consejo de Seguridad tanto a nivel provincial como en cada una de las 5 regiones provinciales con cabecera en los municipios de Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.
Por su parte, Ponce de León destaco que “La gravedad del problema no puede eludir ni valoraciones, ni críticas, ni autocríticas pero también nos obliga a actuar y a entender que si no construimos redes y políticas que permitan acciones efectivas, ponemos en riesgo todo el sistema democrático”
El documento presentado consta de un breve diagnóstico sobre el momento político y social en torno a la problemática de la seguridad urbana en la provincia de Santa Fe y se divide en 4 ejes de políticas públicas consideradas como prioritarias: Reforma Judicial; Reforma Policial; Anticorrupción; y Políticas Sociales.
Reforma judicial
· Ampliación del número de delitos con juicio oral obligatorio para dar continuidad a la implementación progresiva del sistema.
· Incorporación del juicio por jurados para el enjuiciamiento de delitos ligados al enriquecimiento ilícito y/o conexos con el narcotráfico, en cuanto sea posible para la jurisdicción provincial.
· Aceleración del trámite para la designación de magistrados judiciales, fiscales y demás funcionarios públicos necesarios para la implementación del nuevo sistema y el refuerzo de los mecanismos de participación y publicidad de estos procesos de selección.
Reforma policial
· Reorganización interna que contribuya a obtener transparencia operativa, especialización y eficiencia, y a la profesionalización de sus miembros. Un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Un nuevo sistema de controles con triple componente: control político provincial; control local, ejercido por los intendentes y presidentes comunales; control interno ejercido por el área pertinente en articulación con una Comisión con participación ciudadana.
· Incremento de los controles sobre las rutas provinciales y gestión del refuerzo de los mismos por parte de las fuerzas nacionales, PSA y Gendarmería.
Anticorrupción
· Reglamentación y plena vigencia de la ley de Ética Pública, con funcionamiento de la Comisión Provincial de Ética Pública.
· Reglamentación de la ley provincial de financiamiento de campañas electorales.
· Seguidamente, al referirse a la necesidad imperiosa de afrontar el tema, los referentes partidarios señalaron: “hay que registrar la valentía y claridad de periodistas que, a través de distintas columnas escritas vienen alertando sobre la problemática con un alto grado de precisión”.
· Por último, manifestaron: “nuestro partido integrante del Frente Progresista ratifica su compromiso en la construcción de políticas públicas y entiende que el momento exige debate, pero también madurez y grandeza”.
Políticas sociales
· Desarrollo de un sistema público de asistencia universal y gratuita para el tratamiento de la problemática de las adicciones en toda la provincia.
· Políticas de urbanismo y presencia efectiva de todos los servicios del Estado en los sectores más complicados por la acción del narcotráfico.
Estuvieron presentes Ariel Bermudez, diputado provincial y Presidente de la Coalición Cívica ARI en la Provincia Santa Fe; Noelia Chiementín, Concejala de la ciudad de Santa Fe y Vicepresidente de la Coalición Cívica ARI Provincial; Susana García Diputada Provincial y Jefa del bloque de la Coalición Cívica ARI y Franco Ponce de León, presidente de la Coalición Cívica ARI en el departamento La Capital.
Bermudez afirmó que “… la CC-ARI cree, ante todo, en el sistema democrático vigente, en la posibilidad de opinar diferente y que el disenso sea un bien social y no solo factor de conflicto, pero también sabemos que hay momentos en los que es absolutamente imperioso establecer consensos y políticas de delineamiento conjunto”. En tal sentido, continuó: “consideramos imprescindible constituir una mesa de trabajo capaz de impulsar medidas, leyes y políticas, atinentes a las áreas de reforma judicial, policial, políticas sociales y anticorrupción”.
Seguidamente, Chiementin informó que el documento fue enviado al gobernador Antonio Bonfatti, al presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Maria A. Gastaldi, a los presidentes de los partidos políticos oficialistas y opositores de la provincia, a las Universidades locales y a múltiples organizaciones sociales que conforman el Consejo de Seguridad tanto a nivel provincial como en cada una de las 5 regiones provinciales con cabecera en los municipios de Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.
Por su parte, Ponce de León destaco que “La gravedad del problema no puede eludir ni valoraciones, ni críticas, ni autocríticas pero también nos obliga a actuar y a entender que si no construimos redes y políticas que permitan acciones efectivas, ponemos en riesgo todo el sistema democrático”
El documento presentado consta de un breve diagnóstico sobre el momento político y social en torno a la problemática de la seguridad urbana en la provincia de Santa Fe y se divide en 4 ejes de políticas públicas consideradas como prioritarias: Reforma Judicial; Reforma Policial; Anticorrupción; y Políticas Sociales.
Reforma judicial
· Ampliación del número de delitos con juicio oral obligatorio para dar continuidad a la implementación progresiva del sistema.
· Incorporación del juicio por jurados para el enjuiciamiento de delitos ligados al enriquecimiento ilícito y/o conexos con el narcotráfico, en cuanto sea posible para la jurisdicción provincial.
· Aceleración del trámite para la designación de magistrados judiciales, fiscales y demás funcionarios públicos necesarios para la implementación del nuevo sistema y el refuerzo de los mecanismos de participación y publicidad de estos procesos de selección.
Reforma policial
· Reorganización interna que contribuya a obtener transparencia operativa, especialización y eficiencia, y a la profesionalización de sus miembros. Un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Un nuevo sistema de controles con triple componente: control político provincial; control local, ejercido por los intendentes y presidentes comunales; control interno ejercido por el área pertinente en articulación con una Comisión con participación ciudadana.
· Incremento de los controles sobre las rutas provinciales y gestión del refuerzo de los mismos por parte de las fuerzas nacionales, PSA y Gendarmería.
Anticorrupción
· Reglamentación y plena vigencia de la ley de Ética Pública, con funcionamiento de la Comisión Provincial de Ética Pública.
· Reglamentación de la ley provincial de financiamiento de campañas electorales.
· Seguidamente, al referirse a la necesidad imperiosa de afrontar el tema, los referentes partidarios señalaron: “hay que registrar la valentía y claridad de periodistas que, a través de distintas columnas escritas vienen alertando sobre la problemática con un alto grado de precisión”.
· Por último, manifestaron: “nuestro partido integrante del Frente Progresista ratifica su compromiso en la construcción de políticas públicas y entiende que el momento exige debate, pero también madurez y grandeza”.
Políticas sociales
· Desarrollo de un sistema público de asistencia universal y gratuita para el tratamiento de la problemática de las adicciones en toda la provincia.
· Políticas de urbanismo y presencia efectiva de todos los servicios del Estado en los sectores más complicados por la acción del narcotráfico.
Fuente: cc-ari
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