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Martes 06 de Noviembre de 2012 - 00:37 hs
Empleados de telefónicas pedirán en la Justicia participación en las utilidades
Los sindicatos que nuclean a los trabajadores de las empresas telefónicas reclamarán ante la Justicia que Telecom y Telefónica, las dos firmas privatizadas que se dividen la provisión del servicio, paguen a sus empleados un bono de participación en las ganancias.
Así lo confirmó a El Cronista el secretario general de Foetra, Osvaldo Iaradola. Los gremios reclamarán una participación del 10% en las ganancias de las empresas. En un fallo de 2008, la Corte Suprema habilitó el pago del bono al declarar inconstitucional el decreto 395/1992, del ex presidente Carlos Menem. El decreto había convertido en optativo la distribución obrera de beneficios, que estaba contemplada en la privatización de Entel. La distribución de las ganancias fue complementaria al reparto del 10% de las acciones de las telefónicas entre los trabajadores.
Foetra integra la CGT alineada con el Gobierno que conduce el metalúrgico Antonio Caló y es parte de Fatel, la Federación Argentina de las Telecomunicaciones, es una de las cuatro representaciones gremiales que conformaron la Mesa de Unidad y buscan la implementación del bono de participación en las ganancias. Las otras tres son la Unión de Personal Jerárquico, la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (Foeesitra) y la Federación de Organizaciones de Personal de Supervisión (Fopstta).
Las cuatro entidades publicaron el lunes una solicitada en los diarios Clarín y Crónica en la que convocaron a los trabajadores sindicalizados a expresar por escrito su consentimiento para que los gremios puedan representarlos en una acción colectiva en defensa del derecho de participación en las ganancias como trabajadores de Telefónica y Telecom. Según los gremios, hay unos 20.000 trabajadores en esa condición. Los empleados deben firmar un poder a favor de los gremios para que éstos puedan acudir a la Justicia.
En 2008, en el fallo Gentili, Jorge Mario y Otros contra Estado Nacional y Otros, la Corte declaró inconstitucional el decreto que hacía optativo el reparto de ganancias e instruyó a los juzgados de primera instancia para que fijen el porcentaje del reparto de dividendos. Pero los jueces no sentaron jurisprudencia uniforme en ese sentido y los sindicatos ahora reclaman un 10%, a pagarse con el salario del mes posterior a la presentación de balances.
Según Iadarola, los gremios tomaron la decisión de volver a la Justicia luego de intentar negociar con las empresas la participación obrera en las utilidades. El Cronista consultó a las telefónicas que, al cierre de esta edición, prefirieron no hacer declaraciones.
La participación en las ganancias que reclaman los telefónicos no tiene nada que ver con el proyecto de Héctor Recalde, aclaró Iadarola, en relación a la iniciativa del diputado y abogado laboralista que quiso el año pasado promover una ley de participación obrera en las utilidades de las empresas. El proyecto de Recalde, histórico abogado de Hugo Moyano y ahora enemistado con el camionero, fue dejado de lado por la presidenta Cristina Fernández. El Estado no puede imponer la participación de trabajadores en ganancias empresarias, sostuvo la mandataria.
Uno de los sindicatos que mantiene acuerdos de distribución de dividendos es el del Neumático. Tras la crisis de 2001, empresarios y obreros acordaron un reparto de beneficios cuando superen el 6%.
Así lo confirmó a El Cronista el secretario general de Foetra, Osvaldo Iaradola. Los gremios reclamarán una participación del 10% en las ganancias de las empresas. En un fallo de 2008, la Corte Suprema habilitó el pago del bono al declarar inconstitucional el decreto 395/1992, del ex presidente Carlos Menem. El decreto había convertido en optativo la distribución obrera de beneficios, que estaba contemplada en la privatización de Entel. La distribución de las ganancias fue complementaria al reparto del 10% de las acciones de las telefónicas entre los trabajadores.
Foetra integra la CGT alineada con el Gobierno que conduce el metalúrgico Antonio Caló y es parte de Fatel, la Federación Argentina de las Telecomunicaciones, es una de las cuatro representaciones gremiales que conformaron la Mesa de Unidad y buscan la implementación del bono de participación en las ganancias. Las otras tres son la Unión de Personal Jerárquico, la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (Foeesitra) y la Federación de Organizaciones de Personal de Supervisión (Fopstta).
Las cuatro entidades publicaron el lunes una solicitada en los diarios Clarín y Crónica en la que convocaron a los trabajadores sindicalizados a expresar por escrito su consentimiento para que los gremios puedan representarlos en una acción colectiva en defensa del derecho de participación en las ganancias como trabajadores de Telefónica y Telecom. Según los gremios, hay unos 20.000 trabajadores en esa condición. Los empleados deben firmar un poder a favor de los gremios para que éstos puedan acudir a la Justicia.
En 2008, en el fallo Gentili, Jorge Mario y Otros contra Estado Nacional y Otros, la Corte declaró inconstitucional el decreto que hacía optativo el reparto de ganancias e instruyó a los juzgados de primera instancia para que fijen el porcentaje del reparto de dividendos. Pero los jueces no sentaron jurisprudencia uniforme en ese sentido y los sindicatos ahora reclaman un 10%, a pagarse con el salario del mes posterior a la presentación de balances.
Según Iadarola, los gremios tomaron la decisión de volver a la Justicia luego de intentar negociar con las empresas la participación obrera en las utilidades. El Cronista consultó a las telefónicas que, al cierre de esta edición, prefirieron no hacer declaraciones.
La participación en las ganancias que reclaman los telefónicos no tiene nada que ver con el proyecto de Héctor Recalde, aclaró Iadarola, en relación a la iniciativa del diputado y abogado laboralista que quiso el año pasado promover una ley de participación obrera en las utilidades de las empresas. El proyecto de Recalde, histórico abogado de Hugo Moyano y ahora enemistado con el camionero, fue dejado de lado por la presidenta Cristina Fernández. El Estado no puede imponer la participación de trabajadores en ganancias empresarias, sostuvo la mandataria.
Uno de los sindicatos que mantiene acuerdos de distribución de dividendos es el del Neumático. Tras la crisis de 2001, empresarios y obreros acordaron un reparto de beneficios cuando superen el 6%.
Fuente: cronista.com
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