Lt 10

El partido Coalición Cívica ARI, se refirió a la situación de la seguridad en la provincia de Santa Fe. Al respecto, la fuerza llamó a construir un acuerdo político y social por la seguridad democrática y la lucha contra el narcotráfico.

“La gravedad del problema no puede eludir ni valoraciones, ni críticas, ni autocríticas pero también nos obliga a actuar y a entender que si no construimos redes y políticas que permitan acciones efectivas, ponemos en riesgo todo el sistema democrático”, advirtieron.

Y continuaron: "somos una fuerza política que cree profundamente en el sistema democrático, en la posibilidad de opinar diferente y que el disenso sea un bien social y no solo factor de conflicto, pero también sabemos que hay momentos en los que es absolutamente imperioso establecer consensos y políticas de delineamiento conjunto”. En tal sentido, precisaron: “consideramos imprescindible constituir una mesa de trabajo capaz de impulsar medidas, leyes y políticas, atinentes a las áreas de reforma judicial, policial, políticas sociales y anticorrupción”.

Estuvieron presentes Pablo Javkin, Secretario General de la CC-ARI Nacional, Carlos Comi, diputado nacional, Ariel Bermúdez, diputado provincial y presidente del partido provincial, Susana García, diputada provincial y jefa del bloque de la Coalición Cívica ARI en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Noelia Chiementín, concejal de la ciudad de Santa Fe y Oscar Greppi, concejal de la ciudad de Rosario.









En conferencia de prensa, los dirigentes de la CC-ARI provincial, presentaron un documento, que incluye las siguientes propuestas, consideradas por la fuerza como prioritarias.






Reforma judicial
En el Sistema Procesal Penal de la Provincia
-Ampliación del número de delitos con juicio oral obligatorio para dar continuidad a la implementación progresiva del sistema.

-Incorporación del juicio por jurados para el enjuiciamiento de delitos ligados al enriquecimiento ilícito y/o conexos con el narcotráfico, en cuanto sea posible para la jurisdicción provincial.

-Aceleración del trámite para la designación de magistrados judiciales, fiscales y demás funcionarios públicos necesarios para la implementación del nuevo sistema y el refuerzo de los mecanismos de participación y publicidad de estos procesos de selección.

Reforma policial
-Reorganización interna que contribuya a obtener transparencia operativa, especialización y eficiencia, y a la profesionalización de sus miembros. Un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Un nuevo sistema de controles con triple componente: control político provincial; control local, ejercido por los intendentes y presidentes comunales; control interno ejercido por el área pertinente en articulación con una Comisión con participación ciudadana.

-Incremento de los controles sobre las rutas provinciales y gestión del refuerzo de los mismos por parte de las fuerzas nacionales, PSA y Gendarmería.

Políticas sociales
-Desarrollo de un sistema público de asistencia universal y gratuita para el tratamiento de la problemática de las adicciones en toda la provincia.

-Políticas de urbanismo y presencia efectiva de todos los servicios del Estado en los sectores más complicados por la acción del narcotráfico.

Anticorrupción
-Reglamentación y plena vigencia de la ley de Ética Pública, con funcionamiento de la Comisión Provincial de Ética Pública.

-Reglamentación de la ley provincial de financiamiento de campañas electorales.

Seguidamente, al referirse a la necesidad imperiosa de afrontar el tema, los referentes partidarios señalaron: “hay que registrar la valentía y claridad de periodistas que, a través de distintas columnas escritas vienen alertando sobre la problemática con un alto grado de precisión”.

Por último, manifestaron: “nuestro partido integrante del Frente Progresista ratifica su compromiso en la construcción de políticas públicas y entiende que el momento exige debate, pero también madurez y grandeza”.



Sobre las medidas impulsadas que constan en el documento

Entendemos que el derecho de cada ciudadano a la seguridad no es derecho aislado que se pueda construir con una política pública en particular a desarrollar desde el Estado, por el contrario, la seguridad es un estado de la sociedad que debemos alcanzar desde múltiples perspectivas y acciones enfrentando las causas profundas y los factores de riesgos que profundizan los problemas que sufrimos a diario. Desde esta óptica, la cuestión de la seguridad debe ser el eje central de un conjunto de políticas de Estado que tengan por objeto la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos hoy por la Constitución a todos a los argentinos, con una mirada preventiva del delito desde lo social.

Prevención social implica pensar en empleo, y estar advertidos de los empleos miserables e inestables, en educación (que incluya el autocontrol emocional, no sólo las disciplinas tradicionales), en salud (y no solamente del cuerpo, sino también de la mente, de la familia y del ambiente), en cultura (una cultura de valores, de paz, solidaridad, igualdad y responsabilidad). Prevención social, es la protección integral e igualitaria de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Creemos que es necesario actuar en los siguientes aspectos:

Reforma judicial en el sistema procesal penal
Tenemos por delante y debemos avanzar progresiva y sostenidamente con la Reforma del Sistema Procesal Penal de la Provincia, que es fruto y ejemplo del acuerdo de las fuerzas políticas locales. Esta reforma tiene como foco central el enjuiciamiento de los delitos a través de un juicio oral y público, que jerarquice las tareas de acusación, defensa y juzgamiento, y las coordine por la actividad armónica y diferenciada de los distintos funcionarios, fiscales, defensores y jueces. Actualmente, se prevé un número reducido de delitos graves que se tramitan por esta vía y es oportuno ampliarlo para continuar el alcance de los beneficios procurados por el sistema, principalmente transparencia, e ficacia y celeridad, con resguardo de las garantías constitucionales.

Podemos incluso avanzar más, en cuanto al juzgamiento de los delitos y la participación ciudadana, incorporando el juicio por jurados populares para el enjuiciamiento de delitos ligados al enriquecimiento ilícito y/o conexos con el narcotráfico, en cuento sea posible para la jurisdicción provincial. Consideramos de gran importancia la necesidad de acentuar y profundizar la relación entre el sistema de justicia y la sociedad, siendo que el primero muchas veces pareciera blindado para el ciudadano común, el cual se encuentra prácticamente excluido del proceso de administración de justicia.

En la misma línea, es preciso acelerar el trámite para la designación de magistrados judiciales, fiscales y demás funcionarios públicos necesarios para la implementación del nuevo sistema procesal penal y el reforzar los mecanismos de participación y publicidad de estos procesos de selección.

Reforma policial
La recuperación y fortalecimiento del control político y civil de las fuerzas de seguridad en el territorio provincial es otro capítulo insoslayable para nuestra provincia, puesto que si bien la metodología de abordaje del problema de la inseguridad pública, no se limita a los aspectos judicial, policial y penitenciario, estos deben estar presentes.

En cuanto a la institución policial es conveniente avanzar en la reorganización interna que contribuya a obtener transparencia operativa, especialización y eficiencia, y a la profesionalización de sus miembros. Asimismo, es ineludible plantearnos nuevas instituciones que fortalezcan la transformación. Un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, presidido por el gobernador o el ministro de seguridad, como instancia permanente de acuerdo y articulación de los actores involucrados. Un nuevo sistema de controles con triple componente: control político provincial, por parte de las autoridades provinciales; control local, ejercido por los intendentes y presidentes comunales con colaboración de las respectivas policías presentando informes a los Consejos o Comisiones Comunales, y con intervención en la designación de los comisarios; control interno -ejercido por el área pertinente con articulación con una Comisión de participación ciudadana.

En cuanto a este mecanismo de participación ciudadana propuesto, entendemos que si bien la participación ciudadana en asuntos de policía puede traducirse en obstáculos para la acción policial, en resquemores internos de la institución que lleven a que su espíritu de cuerpo se realce y se rechacen las supuestas intromisiones en una institución tan delicada, sensible y especializada, ésta puede ser un mecanismo no sólo de control democrático, sino de acompañamiento y apoyo para la institución.

Entre las funciones de esta comisión estarán las de proponer políticas para fortalecer la acción preventiva de la Policía, estimular la orientación ética, civilista y democrática en la relación Policía-ciudadanía, promover la participación ciudadana en la materia, recomendar mecanismos para fortalecer los lazos y redes de la sociedad con la Policía, coordinar con la Defensoría del Pueblo el desarrollo de programas educativos en la Policía, canalizar a través del Sistema las quejas ciudadanas, propender a que los agentes presten servicio en sus regiones de origen, recomendar políticas destinadas a hacer un manejo transparente, eficiente y oportuno de la información que maneja la Policía en áreas de interé s público.

Por otra parte, reconociendo la importancia de los controles viales para detectar el traslado de los bienes objeto de los delitos, es preciso incrementar los controles sobre las rutas provinciales y gestionar el refuerzo de los mismos por parte de las fuerzas nacionales, PSA, Gendarmería y Prefectura Naval, dado que, sólo en conjunto, se puede aumentar la eficiencia y eficacia de estas operaciones.

Concretamente, Gendarmería Nacional deberá intensificar las operativos en la Ruta Nacional 34, Rutas Provinciales 1, 11 y 19; autopista Santa Fe - Rosario y Autopista Rosario - Córdoba.

Por su parte, Prefectura Naval debería intensificar los operativos de inspección en los puertos públicos y privados de las ciudades de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y Reconquista como así también las tareas de patrullaje por los ríos navegables de Santa Fe que comuniquen a otras provincias limítrofes.

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria es preciso que, por una parte, intensifique la radarización del territorio provincial y, por otra parte, trabaje coordinadamente con los Entes Aeroportuarios de Rosario y Santa Fe así como brindar colaboración para prevenir tráfico por aire, en los 192 lugares aptos para realizar aterrizajes, según el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

Políticas sociales
Especial mención merece, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la prevención de las adicciones y la cobertura de salud para quienes las padecen. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Arriola exhortó a todos los poderes públicos a "asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país". En función de esto, debemos desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en toda la provincia y fortalecer el sistema de salud público existente en los ámbitos provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por presentar problemas de adicción.

Retomando el concepto de prevención social, se hace necesario el desarrollo de políticas de urbanismo y presencia efectiva de todos los servicios del Estado en los sectores más comprometidos por la acción del narcotráfico, tomando como referencia experiencias de inclusión de otros lugares, que bajo el concepto de urbanismo social han instalado escuelas, parques bibliotecas, centros deportivos en las zonas más vulnerables, convirtiéndolos en espacios incluyentes y propicios para acoger la formación de un nuevo tejido social.

Anticorrupción
Ser inflexibles con cualquier hecho de ilegalidad y corrupción política y policial arbitrando las medidas y sanciones que correspondan. Asimismo, prevenir la criminalidad comprende también enfrentar las causas del delito de cuello blanco, delito de personas con altos ingresos económicos asegurados, que no obstante, son autoras de decisiones administrativas, judiciales, policiales que infringen la legislación y vulneran derechos. Por esto, debemos avanzar en la reglamentación y plena vigencia de la ley de Ética Pública, para cumplir con sus objetivos de transparencia y anticorrupción. Sabemos que ello no será posible sin eliminar la impunidad y la falta de responsabilidad ágil e inmediata por sus actos de los funcionarios públicos, y sin poder prevenir tales actos, siendo para ello fundamental la labor de la Comisión Provincial de Ética Pública.

Como un apartado ineludible para conseguir transparentar también la actividad de los partidos políticos, es necesario reglamentar la ley provincial de financiamiento de campañas electorales, lo que permitirá romper los vínculos de algunos sectores de la política con la criminalidad.